En una reacción coordinada ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, los gobiernos de Paraguay, Ecuador y Perú anunciaron este sábado 3 de enero la implementación inmediata de medidas de restricción migratoria. El objetivo central de esta estrategia regional es impedir que funcionarios, militares y empresarios vinculados al chavismo ingresen a sus territorios para evadir la justicia.
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La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay informó que, con el apoyo de organismos de seguridad, activó protocolos de control para bloquear el paso a personas relacionadas con el régimen venezolano. La medida alcanza específicamente a quienes tengan vínculos con el narcoterrorismo o deudas pendientes con la justicia. Las autoridades paraguayas subrayaron que buscan «resguardar las fronteras nacionales y prevenir la utilización indebida de figuras de protección internacional», como el asilo, mediante el cruce de bases de datos y cooperación internacional.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador comunicó que la prohibición de entrada se aplica a un espectro amplio de colaboradores: funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como empresarios asociados a la administración de Maduro. Quito justificó la decisión como una acción necesaria para «salvaguardar la seguridad nacional» ante la posible dispersión de la cúpula chavista.
Simultáneamente, el Gobierno de Perú, a través de su Ministerio del Interior, confirmó que restringirá el acceso a «personas que han sido sancionadas». El comunicado oficial destaca que la intención es impedir que el territorio peruano sea utilizado como refugio para evadir la justicia. Las autoridades peruanas hicieron referencia explícita al traslado de Maduro a Nueva York, donde enfrentará cargos por narcotráfico y tráfico de armas, señalando que sus colaboradores no encontrarán asilo en la nación andina.
Con información de EFE