Un puñado de sentencias judiciales desfavorables han bastado para que el Ministerio de Hacienda haya decidido desentenderse de sus actuales funciones de control previo sobre la autorización de puestos de libre designación para interventores y tesoreros en los grandes ayuntamientos y de la fiscalización de sus ceses. El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto Ley que desbloquea las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación a las comunidades autónomas y que flexibiliza el uso de sus superávits presupuestarios a los ayuntamientos para desmontar el esquema de controles reforzados instaurado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 para empoderar a los interventores y tesoreros municipales de grandes ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares, áreas metropolitanas y cabildos en… Ver Más