Diferentes asociaciones del sector ganadero del estado Apure, entre ellas, Agapure, ProBúfalas, ProAchaguas y Aganula, manifestaron su rechazo al proyecto de Ley para la Protección de la Actividad Ganadera, aprobado recientemente en primera discusión por la Asamblea Nacional.
Por lapatilla.com
Ronald Dobles, presidente de ProBúfalas, señaló que la propuesta de ley ignora las necesidades más apremiantes de los ganaderos y carece de mecanismos para resolver flagelos como el abigeato, que ha ocasionado una alarmante disminución del rebaño vacuno en el país.
“Este texto plantea una realidad muy distinta a la que vivimos los productores en nuestro país”, dijo Dobles.
Los productores del estado Apure advierten que el texto actual no se ajusta a la realidad del campo venezolano ni ofrece soluciones estructurales a los problemas que golpean directamente a los productores.
Asimismo, Dobles enfatiza que la normativa deja de lado los problemas fundamentales de seguridad personal, como la extorsión y el secuestro, y no brinda las garantías necesarias en materia de seguridad jurídica ante los actos vandálicos contra las propiedades ganaderas, como las invasiones y ocupaciones ilegales de predios productivos.
Por su parte, Janio Gracia, presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Apure (Agapure), recalca la urgencia de que los verdaderos afectados sean incorporados de forma activa en la reforma y aprobación de este marco legal.
Los gremialistas coinciden en que no es posible alcanzar un desarrollo productivo sostenible sin políticas públicas eficaces que aseguren el respeto a la propiedad privada y resguarden la vida de los productores, sus familias y sus trabajadores.
César Galipolli, presidente de ProAchaguas, exige políticas que den respuestas reales contra el abigeato, que está destruyendo la producción ganadera.
José Rodríguez, presidente de Aganula, José Méndez, directivo de Agapure, así como también el productor José Vargas se suman a este llamado de atención a la Asamblea Nacional.
Proponen instalar mesas de trabajo conjuntas que permitan la elaboración de una legislación acorde a la realidad de los productores, quienes contribuyen a la soberanía alimentaria del país.
