En los últimos meses Mario Silva, ha venido dando declaraciones en las que pretende presentarse como víctima de una supuesta entrega de Venezuela a intereses extranjeros, lo que constituye un ejercicio de impostura política que ofende la memoria de quienes padecieron durante más de dos décadas el aparato de persecución que él ayudó a sostener. Mario Silva no fue un espectador extraviado dentro de la llamada revolución bolivariana. Fue uno de sus operadores propagandísticos más visibles, persistentes y agresivos. Desde una televisora perteneciente al Estado venezolano utilizó recursos públicos para identificar, denigrar, intimidar y exponer ante el poder a periodistas, dirigentes políticos, intelectuales, defensores de derechos humanos y ciudadanos cuyo único delito consistía en disentir.
La Hojilla no fue simplemente un programa de opinión ni una expresión excéntrica de la polarización venezolana. Fue una pieza del dispositivo mediante el cual el chavismo transformó al adversario político en enemigo interno. Allí se exhibían nombres, rostros, escritos y trayectorias; se destruían reputaciones; se atribuían delitos sin juicio; se sembraba odio contra personas concretas; y se preparaba a la sociedad para aceptar como legítimas la vigilancia, la exclusión, la inhabilitación, el encarcelamiento y el exilio de quienes cuestionaban al régimen. La persecución comenzaba en el lenguaje. Primero se despojaba al ciudadano de su honor; después se le despojaba de sus derechos.
Silva denuncia ahora que el pueblo venezolano está vigilado, que la disidencia será silenciada y que los antiguos dirigentes revolucionarios han abandonado a sus seguidores. No descubre una realidad nueva: describe el sistema que defendió mientras sus víctimas eran otros. Cuando los servicios de inteligencia perseguían opositores; cuando los tribunales obedecían al poder político; cuando los medios independientes eran cerrados o sometidos; cuando los venezolanos acudíamos a organismos internacionales pidiendo auxilio; cuando se llamaba traidores, apátridas y mercenarios a quienes denunciaban la destrucción del país, Mario Silva no alzó la voz contra el abuso. Lo justificó, lo difundió y contribuyó a hacerlo socialmente aceptable.
Resulta igualmente inadmisible que invoque ahora la soberanía nacional quien guardó silencio ante la penetración política, militar, financiera y de inteligencia ejercida durante años por la dictadura Cubana, así como ante la dependencia estratégica que el chavismo construyó respecto de Rusia y China. Para Silva, la presencia extranjera nunca fue un problema mientras garantizara la continuidad del régimen al que servía. Su repentina defensa de la patria no nace de una convicción soberana, sino del temor de que la estructura de poder haya cambiado de administradores y ya no reserve un lugar para sus antiguos propagandistas. Su apelación obsesiva a “los gringos y los sionistas”, además de sustituir la prueba por una narración conspirativa, instrumentaliza prejuicios antisemitas para encubrir una disputa interna por el control del poder.
Arcadia Foundation precisa una cuestión jurídica esencial. Lo ejecutado por Mario Silva desde los medios de comunicación del Estado no fue propaganda política en el sentido legítimo de esa expresión, sino una contribución consciente, sostenida y funcional al crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Durante años individualizó a opositores, periodistas, intelectuales y defensores de derechos humanos; los señaló ante un aparato estatal que los vigilaba, perseguía, detenía, inhabilitaba y condenaba al exilio; los despojó públicamente de su honor y de su condición de ciudadanos; y convirtió el escarnio televisivo en un mecanismo de preparación, legitimación y acompañamiento de la represión. Esa conducta no puede separarse artificialmente del ataque generalizado y sistemático contra la población civil del cual formó parte: fue uno de sus instrumentos. Al actuar con conocimiento del aparato represivo al que servía y contribuir deliberadamente a identificar, estigmatizar y neutralizar a sus víctimas, Mario Silva comprometió su responsabilidad individual por su aportación al crimen de persecución política previsto en el Estatuto de Roma. Que hoy pretenda presentarse como disidente, abandonado o víctima de aquel mismo sistema no extingue su responsabilidad ni modifica la naturaleza de los hechos.
Por esa razón, Mario Silva figura entre las quince personas que Arcadia Foundation ha identificado por su intervención dirigente, política o propagandística en el aparato de persecución de la denominada revolución bolivariana. La Fundación ha reunido, clasificado y preservado las emisiones, los vídeos, los señalamientos nominales, las expresiones utilizadas, las víctimas individualizadas y el contexto en que cada una de esas intervenciones fue difundida, de modo que pueda establecerse no sólo lo que dijo, sino la función concreta que su actuación cumplió dentro de la maquinaria estatal de estigmatización, intimidación y persecución política. Ese cuerpo probatorio está preparado para ser presentado ante las jurisdicciones competentes.
Que todavía no haya sido consignado íntegramente ante la Corte Penal Internacional no obedece a falta de pruebas ni a incertidumbre alguna sobre los hechos, sino al profundo descrédito que la propia Corte ha provocado al tolerar durante años conflictos de interés, dilaciones injustificables y una deferencia incompatible con la gravedad de los crímenes cometidos en Venezuela. Arcadia no permitirá que esa degradación institucional convierta la prueba en silencio ni que quienes utilizaron los medios del Estado como instrumentos del ataque contra la población civil encuentren refugio en la parálisis, la complacencia o la inacción de la justicia internacional.
Arcadia Foundation afirma que el chavismo logró neutralizar durante años decisivos la actuación del fiscal Karim Khan en la situación venezolana. No lo hizo obteniendo una absolución del régimen, sino mediante un resultado más útil para la impunidad: tiempo, deferencia, cooperación institucional y una denominada “complementariedad positiva” aplicada a un Estado cuyo Poder Judicial había sido capturado precisamente para impedir que la investigación alcanzara a la cadena superior de mando. La Corte concedió al régimen más de cinco años de examen, interlocución y paciencia institucional, y bajo Karim Khan esa deferencia adquirió memorandos, visitas, planes conjuntos y una oficina en Caracas. Ese tratamiento no puede separarse del hecho de que Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal y antigua integrante de equipos jurídicos en los que existieron relaciones profesionales y jerárquicas entre ambos, representara al Estado venezolano en el proceso de investigación que precisamente él mismo dirigía. Tampoco puede separarse del doble rasero aplicado por la misma Fiscalía, que prolongó la confianza hacia una justicia venezolana incapaz de investigarse a sí misma, mientras avanzaba con velocidad coercitiva extrema contra Israel, pese a la existencia allí de instituciones judiciales funcionales y capaces de someter a proceso a las más altas autoridades. La decisión de la Sala de Apelaciones del 1 de agosto de 2025 no creó el conflicto ni lo convirtió tardíamente en una posibilidad: reconoció judicialmente lo que Arcadia Foundation venía denunciando desde el pasado 8 de septiembre de 2024 de que el conflicto de interés era real, objetivo y suficientemente grave para obligar a Karim Khan a apartarse del caso venezolano. Para Arcadia, la conclusión que deja el expediente es inequívoca: aquella incompatibilidad contaminó la conducción de la investigación, contribuyó a neutralizar su fuerza y entregó al aparato chavista años irreparables de impunidad.
Esa obstrucción no será permanente ni convertirá la impunidad en un derecho adquirido. Arcadia Foundation actuará en los dos ámbitos llamados a establecer la responsabilidad de Mario Silva. En Venezuela, cuando sea restituido un Poder Judicial verdaderamente independiente, promoverá ante los tribunales nacionales su investigación y enjuiciamiento por la contribución que prestó al aparato de persecución política del chavismo. Paralelamente, a partir de la Asamblea de los Estados Parte de diciembre de este año, con la elección de un nuevo Fiscal y el establecimiento de una nueva conducción en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Arcadia presentará el cuerpo probatorio reunido para que su actuación sea examinada dentro del ataque generalizado y sistemático cometido contra la población civil venezolana. El cambio institucional que se aproxima deberá poner fin a los años de parálisis, deferencia y encubrimiento que protegieron a los responsables. Ningún cambio de discurso, ocultamiento o pretendida conversión tardía en víctima borrará los hechos ni impedirá que Arcadia impulse, tanto en Venezuela como ante la justicia penal internacional, la determinación de su responsabilidad individual.
Mario Silva no puede ocupar ahora el lugar moral de los venezolanos a quienes contribuyó a humillar. No puede denunciar el silencio después de haberlo impuesto; invocar la dignidad después de haberla destruido públicamente; ni reclamar solidaridad internacional después de haber señalado como traidores a quienes acudían al mundo buscando protección para Venezuela. Su ruptura con determinados sectores del chavismo no borra su trayectoria. Su temor presente no cancela el sufrimiento ajeno. Su nueva condición de marginado no lo convierte en inocente.
El problema de Mario Silva no es que haya perdido el favor de una facción ni que hoy tema por su propia suerte. Es que durante años convirtió los medios del Estado en una tribuna de acusación sin defensa, sentencia sin juez y castigo sin proceso. Ahora pretende invocar para sí la dignidad, la protección y la solidaridad que negó a los demás. La Venezuela democrática no reproducirá sus métodos ni le dispensará el trato que él contribuyó a imponer a sus víctimas: le reconocerá todas las garantías del debido proceso y, precisamente por ello, le exigirá responder por sus actos.
La democracia no se vengará de Mario Silva. Lo juzgará.
Robert Carmona-Borjas
CEO y cofundador
Arcadia Foundation
Washington, D. C., 23 de julio de 2026