Se nos presenta como el inicio de una nueva era pragmática y pro-mercado. Pero ya han pasado 6 meses. Las imágenes de comitivas comerciales y los titulares sobre reformas legislativas buscan proyectar la idea de un país reabriendo sus puertas al capital internacional. Sin embargo, al despojar el discurso de su ropaje propagandístico, la realidad operativa es diametralmente opuesta: lo que presenciamos no es un proceso de liberalización ni un retorno al Estado de Derecho, sino la consolidación de un capitalismo de concesiones ad-hoc, muy discrecional y de opacidad estructural.
El relato oficial de la integración entre la visión energética de Washington bajo la administración Trump y la ejecución local encabezada por Delcy Rodríguez promete la resurrección de la producción venezolana. Pero en la práctica, la industria petrolera ha quedado atascada dentro de un doble cerrojo regulatorio e institucional que imposibilita la competencia abierta y frustra los objetivos de éxito a mediano y largo plazo.
El mito del libre mercado: Un diseño institucional basado en el secretismo
Una verdadera apertura energética se sostiene sobre tres pilares básicos: licitaciones públicas transparentes, reglas fiscales estables y seguridad jurídica objetiva. Ninguno de ellos está presente hoy en Venezuela.
La toma de decisiones no ocurre en subastas internacionales ni bajo el escrutinio público de las instituciones republicanas. Ocurre a puerta cerrada. Bajo la sombra de la arquitectura heredada de la Ley Antibloqueo y los decretos de emergencia, el destino de los yacimientos nacionales se decide mediante negociaciones directas sin licitaciones y opacas. Se comercializa el subsuelo mediante esquemas de confidencialidad que ocultan regímenes fiscales reales, esquemas de regalías y compromisos de inversión. La opacidad dejó de ser un accidente del sistema para convertirse en su principal rasgo de diseño.
La primera capa del cerrojo: La discrecionalidad de la LOH y su reglamento
A nivel interno, la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y la implementación de figuras contractuales como los Contratos de Participación Productiva (CPP) o de desarrollo primario se han vendido como la flexibilización definitiva frente al viejo e ineficiente monopolio estatal.
Pero la flexibilización no es sinónimo de institucionalidad:
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Inseguridad jurídica estructural: Al eludir la fiscalización parlamentaria tradicional y concentrar el poder de adjudicación en el Ejecutivo, las condiciones de operación no están garantizadas por una ley universal e impersonal, sino por la voluntad política del funcionario de turno.
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Contratos ad-hoc vs. reglas iguales: En lugar de un marco normativo universal, cada inversionista negocia “su” propia regla de juego, lo que distorsiona el mercado y premia el acceso al poder sobre la eficiencia técnica o financiera.
La segunda capa del cerrojo: El filtro exógeno de la OFAC
El segundo cerrojo no se forja en Caracas, sino en Washington. Ninguna empresa —por más contrato local que ostente— puede mover una maquinaria o colocar un barril sin la dispensa previa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
A través de las licencias generales (como la GL 50A, GL 47 y GL 30B) o permisos específicos a medida, la OFAC actúa como un regulador internacional de facto que determina quién entra y quién se queda fuera.
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El “capturismo de licencias”: El éxito en Venezuela ya no depende de la capacidad de ingeniería ni de la sostenibilidad financiera, sino de la efectividad del lobby en la capital estadounidense.
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Competencia desleal: Se crea un club cerrado y privilegios de mercado donde un puñado de actores cuenta con el “visto bueno” político, mientras el resto de los competidores globales queda bloqueado por el riesgo de sanciones secundarias.
Por qué el modelo está destinado al fracaso (La ilusión cuantitativa)
Aumentar marginalmente la producción diaria mediante intervenciones puntuales en pozos maduros es una meta modesta que confunde alivio temporal con éxito industrial. La reconstrucción de la infraestructura energética venezolana requiere decenas de miles de millones de dólares en capital intensivo de largo plazo.
Ese volumen de capital de inversión jamás fluirá bajo un régimen de licencias precarias y transitorias. Las grandes corporaciones globales y los fondos de inversión institucionales no arriesgan capital intensivo a 20 o 30 años en un entorno donde una licencia de la OFAC puede ser revocada por un giro electoral en EE. UU., o donde un contrato dependa de la permanencia de un reglamento ejecutivo volátil en Caracas.
El lado oculto de la Luna: ¿reestructuración o blanqueo de pasivos ilegítimos?
Detrás del empeño por acelerar esta apertura discrecional no solo hay un interés por comercializar crudo; hay un apuro financiero por acomodar una masa de deuda externa monolítica y en gran medida viciada de nulidad.
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El verdadero botín (Los bonos y los acreedores): El incentivo de muchos actores no es el flujo de caja del barril físico a USD 60, sino la titularización y el canje de acreencias (Bonos PDVSA, compromisos arbitrales en CIADI, acreedores de la era Chávez-Maduro) bajo un esquema que valide reclamos que judicial e institucionalmente eran inviables.
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La ilegalidad de origen: Gran parte de ese endeudamiento paralelo y los compromisos adquiridos violaron flagrantemente la obligación constitucional de contar con la aprobación y el control del Poder Legislativo. Intentar “reestructurar” o titularizar esos pasivos mediante acuerdos ejecutivos a puerta cerrada no los limpia; simplemente traslada el costo fiscal a las futuras generaciones sin haber pasado por un proceso legítimo de auditoría de deuda.
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El arbitraje del descuento: Un grupo reducido de tenedores de bonos y fondos de cobertura (distressed debt) compró pasivos a centavos por dólar. La prisa por armar esta arquitectura opaca (LOH-OFAC) responde al deseo de usar los activos petroleros venezolanos como colateral directo para garantizar el cobro de esa deuda dudosa antes de que un eventual marco institucional transparente auditara su legitimidad.
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El rally de la especulación: La evolución de los bonos quirográficos de PDVSA (como el PDVSA 2027, 5.375%) ilustra la verdadera magnitud del incentivo financiero. Tras cotizar en pisos mínimos del 8% al 10% de su valor par a finales de 2023, este papel inició una escalada agresiva impulsada por expectativas de flexibilización y arbitraje, superando la barrera del 35% al 40% del valor nominal. Para los fondos de deuda en apuros (distressed debt), esta revalorización de más de 300% no responde a una recuperación operativa de la industria, sino a la prisa por forzar una reestructuración que convalide este pasivo dentro de las nuevas concesiones petroleras, antes de que un escrutinio legal auditara la legitimidad de la deuda acumulada. Saquen una pequeña cuenta, suponga que los buitres invirtieron unos USD 1.500 MM, es decir el 0,6% del total de deuda de USD 240,000 MM, y elevaron el precio del 8% al 40%, un 5x de aumento. Sin taladros, ni activos en el campo, solo en la oscuridad de jets y oficinas de lujo en el exterior.
El balance inevitable
Lo que se ha configurado no es un mercado petrolero moderno ni un entorno atractivo para la libre competencia. Es un modelo de doble peaje político aderezado con una maniobra de alquimia financiera.
Para extraer un barril hay que pagar la aduana de la opacidad en Caracas y obtener el salvoconducto discrecional en Washington. Pero el verdadero “lado oculto de la luna” no está en el puerto de embarque, sino en los libros contables: el empeño desesperado por validar y reestructurar a la fuerza una deuda externa que a todas luces carece de legitimidad y sostén constitucional.
Al final, este esquema no legitima, no recupera la industria ni protege el patrimonio nacional. Lejos de eso, institucionaliza la discrecionalidad, hipoteca el subsuelo para pagar pasivos oscuros y condena al petróleo venezolano a seguir siendo una simple ficha de cambio puramente geopolítica y mercantilista.
Obviamente, se puede hacer mejor. Mucho mejor. En Venezuela ya lo hicimos
David Morán Bohórquez es ingeniero industrial. Miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y del Consejo Directivo de Cedice Libertad
En X: @morandavid