El canciller del régimen chavista, Félix Plasencia, informó la tarde de este viernes 24 de julio que Venezuela notificó oficialmente al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), en un paso que marca un nuevo episodio en la confrontación entre Caracas y el tribunal con sede en La Haya.
Por: lapatilla.com
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Plasencia señaló que la decisión fue tomada “por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez” y que el procedimiento se realiza conforme al Artículo 127 del Estatuto de Roma, el cual establece el mecanismo para que un Estado parte pueda retirarse del tratado.
Según el funcionario chavista, la decisión es “firme e irrevocable” y ya fue comunicada al secretario general de las Naciones Unidas.
En su mensaje, sostuvo que el chavismo considera que la actuación de la CPI responde a un “sesgo geográfico demostrado”, al afirmar que el tribunal ha concentrado de forma desproporcionada sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos, en detrimento de las naciones del llamado Sur Global.
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A juicio del régimen chavista, esta situación evidencia una justicia internacional que ha sido utilizada para profundizar desigualdades y desconocer la soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Asimismo, Plasencia acusó a la Corte Penal Internacional de actuar como un instrumento de “lawfare” o persecución judicial con fines políticos.
En ese sentido, aseguró que el mecanismo ha sido empleado para promover intereses ajenos a la justicia y reiteró que Venezuela apuesta por una justicia internacional “genuinamente equitativa”, basada en el respeto a la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.
El anuncio se produce mientras la relación entre Venezuela y la CPI permanece marcada por años de tensiones, luego de que el tribunal abriera investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad relacionados con la actuación de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, durante la represión de manifestaciones y otros hechos denunciados por organismos internacionales de derechos humanos.