José Ignacio Moreno Suárez llevaba años dedicado al ejercicio del derecho corporativo cuando su vida dio un giro inesperado. Como representante legal en Venezuela de la empresa minera Gold Reserve Inc., su trabajo consistía en defender los intereses de la compañía en un complejo conflicto con el Estado venezolano por uno de los proyectos auríferos más importantes de América Latina.
Por Infobae
El 4 de junio de 2023, mientras almorzaba en un restaurante de Caracas, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) le pidieron que los acompañara para una supuesta entrevista. Según explicaron a Infobae fuentes cercanas a su familia, no existía una orden de aprehensión. Una vez trasladado a la sede del organismo, quedó privado de libertad.
Desde entonces permanece recluido en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I, una prisión de máxima seguridad ubicada en las afueras de Caracas. Han transcurrido más de dos años sin que exista una fecha para el inicio de su juicio, mientras su familia y su defensa sostienen que el proceso constituye una represalia por el ejercicio de su profesión.
El caso de Moreno Suárez gira alrededor de Gold Reserve, empresa minera estadounidense-canadiense que cotiza en bolsa y que durante años ha mantenido una disputa con el Estado venezolano por la explotación del proyecto Brisas-Cristinas. Tras un arbitraje internacional, ambas partes constituyeron en 2016 la empresa mixta Siembra Minera, integrada en un 45 % por Gold Reserve y en un 55 % por el Estado venezolano, para desarrollar uno de los mayores yacimientos de oro y cobre de América Latina.
De acuerdo al testimonio conocido por Infobae, el proyecto nunca llegó a desarrollarse como estaba previsto. La empresa sostiene que cumplió con las obligaciones que le correspondían, mientras que el Estado revocó posteriormente los derechos mineros de Siembra Minera. Esa decisión llevó a Gold Reserve a anunciar un nuevo arbitraje internacional para reclamar una indemnización.
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