La internacionalista María Alejandra Aristeguieta advierte que el debate sobre Venezuela vuelve a ganar espacio en Washington, en medio de una política exterior estadounidense marcada por el pragmatismo y por la búsqueda de garantías estratégicas en un escenario internacional cada vez más complejo. “Aunque la política exterior de Estados Unidos ha respondido históricamente a tres pilares: seguridad nacional, comercio y prosperidad económica, y promoción de la democracia, esos principios no han tenido siempre el mismo peso”, dijo en conversación con Infobae.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
María Alejandra Aristeguieta de Álvarez es experta en políticas internacionales, gobernanza global y derechos humanos, con 30 años de práctica diplomática en Ginebra. Preside Vision 360 y coordina la ONG Iniciativa Por Venezuela. Ha sido asesora de gobiernos, universidades, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, es licenciada en Estudios Internacionales con posgrado en Derecho Económico, Integración, Negociaciones Internacionales y Formulación de Políticas.
La aplicación de la política exterior de EEUU, explica, ha variado de acuerdo con las circunstancias geopolíticas y con las prioridades de cada administración. En las décadas de 1980 y 1990, por ejemplo, Washington dio un impulso particular a la promoción de la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo y el llamado orden basado en reglas.
Sostiene que en la actualidad la prioridad se concentra en los dos primeros pilares: seguridad nacional, comercio y prosperidad económica, porque Estados Unidos busca “preservar su supremacía” en un mundo transformado por el ascenso de “China y por las amenazas que representan Rusia, Irán y otros actores con peso en la escena internacional”.
En ese contexto, Aristeguieta ubica los acontecimientos recientes en Venezuela: primero, la extracción de Nicolás Maduro por considerarlo una “amenaza real para la seguridad estadounidense”; después, el proceso de estabilización impulsado por Washington junto con los “representantes de la dictadura que permanecieron en el poder”.
El objetivo, afirma, en la conversación con Infobae, sería favorecer el crecimiento económico de Estados Unidos mediante inversiones petroleras que también reforzarían su seguridad nacional “en momentos de tanta inestabilidad mundial con los precios del petróleo”.
Sin embargo, los terremotos del 24 de junio expusieron, a su juicio, las debilidades de una estrategia centrada casi exclusivamente en la seguridad y la economía, y que deja en segundo plano la promoción democrática. La limitada inversión estadounidense en Venezuela responde precisamente a la ausencia de Estado de derecho y de un sistema democrático capaz de ofrecer garantías a inversiones de largo plazo.
Ese diagnóstico, señala Aristeguieta, ha reabierto en los pasillos de Washington la pregunta sobre qué hacer con Venezuela. Entre las ideas que se estarían evaluando figura la creación de un esquema similar al de los Estados Libremente Asociados del Pacífico, una figura utilizada por Estados Unidos que permitiría un “mayor control militar y un intercambio más favorable de recursos económicos”.
En el caso venezolano, una ruta de ese tipo enfrentaría obstáculos legales de enorme magnitud. “Venezuela cuenta con una Constitución que prohíbe la cesión de territorio o soberanía, por lo que cualquier fórmula semejante requeriría una reforma constitucional profunda y aprobación popular”.
Además, advierte Aristeguieta, aun en un escenario hipotético, “cualquier arreglo tendría que diseñarse a la medida del tamaño, los recursos y la posición geopolítica de Venezuela”, lo que lo haría mucho más complejo y controvertido que los casos existentes en el Pacífico.
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