Una celda de dos metros por dos. Una cama de cemento y una letrina. Nada más. Así viven los presos políticos recluidos en El Rodeo I, la cárcel de Guatire que, tras el cierre definitivo del Helicoide, se consolidó como el principal centro de tortura de Venezuela. “El Rodeo I no ha dejado de ser el infierno que ha sido desde su inauguración”, afirma Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en entrevista con La Patilla.
Por: Rory Branker | La Patilla
Baduel conoce ese infierno de cerca. Su padre, el general Raúl Isaías Baduel, murió bajo custodia del régimen en 2021. Su hermano Josnar lleva seis años preso y arrastra, entre otras secuelas de tortura, una afección pulmonar crónica que requiere cuatro operaciones que nunca llegan.
Cuando el Helicoide cerró finalmente sus puertas a comienzos de junio, ningún preso político salió en libertad. Fueron trasladados (de noche, sin órdenes judiciales públicas y a espaldas de sus familiares, según documentó el Foro Penal) a El Rodeo, Yare, Tocuyito, La Planta y otros penales. “El Helicoide fue un horror, y quién más que yo para saberlo”, dice Baduel. “Pero al margen de eso fueron creando otros centros de tortura, como El Rodeo I y Guaicaipuro. A los que estaban allí no los excarcelaron: los trasladaron”.
El traslado no cambió el método. Lo mudó
La última evidencia ocurrió el domingo 5 y el lunes 6 de julio, cuando el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIP) ejecutó una arremetida violenta contra los presos políticos de El Rodeo I que exigían protocolos de evacuación ante las más de mil réplicas registradas desde los terremotos del 24 de junio. Hubo golpes, perdigones, gas pimienta y gas lacrimógeno, según denunciaron el Comité y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Baduel relata que varios reclusos fueron “desaparecidos” dentro del propio penal, llevados al piso 4, donde se intensifica el castigo, y que uno de ellos convulsionó en medio de la tortura y pasó una semana hospitalizado por un edema cerebral. Su hermano, afectado por los gases, no recibió atención médica sino hasta el martes en la tarde.
La operación se ejecutó, además, con cálculo: los funcionarios aprovecharon que los familiares del campamento instalado frente al penal (190 días de vigilia continua desde el 8 de enero) se habían trasladado a un acto en honor a las víctimas del terremoto. “Ellos saben que las familias que pernoctan allí escuchan cualquier arremetida”, explica Baduel. Ese campamento, dice, se ha convertido en un bastión de resistencia que contiene que la situación sea aún peor.
El Comité registra unos 550 presos políticos en cárceles y comandos policiales de todo el país; alrededor de 150 están en El Rodeo I. Cuarenta se encuentran en grave estado de salud y, sin atención oportuna, pueden morir en prisión. Las liberaciones, mientras tanto, llegan a cuentagotas: seis en la última semana, sin criterio identificable. “El régimen tiene perfectamente claro que los presos políticos son sus fichas de canje”, sentencia.
Ahí está la contradicción que Baduel exige que el país y la comunidad internacional no pierdan de vista: mientras el poder habla de reconciliación, de paz y de un nuevo momento político, en El Rodeo I se tortura. Este año, dos veces: el 8 de abril y el 5 de julio.
“Si existiera una real voluntad política”, concluye, “no habría todavía más de 500 presos políticos sometidos a tratos crueles e inhumanos”.