La administración chavista de Delcy Rodríguez ha difundido una sola vez la cifra oficial de personas desaparecidas tras los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela: 157, dato mencionado por Jorge Rodríguez un día después de la tragedia.
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“En cuanto a lo más importante, que es la vida humana, que es la salud humana, hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto. 1500 personas heridas, ingresadas ya en hospitales y siendo atendidas en este momento. Reportadas 157 personas desaparecidas. Si hay algún familiar y usted no se ha podido comunicar con él en las últimas horas a través del sistema VenApp y a través del número 0-800 que vamos a disponer a partir de la tarde de hoy, usted puede reportar la desaparición de su amigo, de su familiar, de su ser querido. Hasta ahora hemos contabilizado más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios y estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos. Hemos contabilizado hasta este momento 2927 familias damnificadas”, declaró Jorge Rodríguez ante las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV) el pasado 25 de junio.
Video: VTV
La brecha con los cálculos independientes
Han pasado más de tres semanas sin que ese número se mueva un solo dígito. En el mismo lapso, la cifra oficial de fallecidos tuvo más de 20 actualizaciones sucesivas, hasta la última de 5.546 muertos. De la lista de desaparecidos habría que descartar a 6.462 rescatados de entre los escombros.
La disparidad de los datos incentiva preguntas sobre el registro de personas no localizadas. Esa zona gris separa la cifra de desaparecidos congelada por el chavismo frente a estimaciones independientes que la multiplican varias veces.
A su vez, el chavismo contabilizó al menos 16.740 heridos, para un total de 22.286 afectados.
Las autoridades contaron un total de 23.811 personas enviadas a campamentos y refugios, aunque el número de damnificados es menor, de solo 17.907. Lo único que explicaría este fenómeno sería que muchos todavía no vuelven a sus hogares debido a que ingenieros cualificados no han descartado el riesgo de un eventual desplome.
Adicionalmente, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) convocó a quienes aún no habían encontrado a sus familiares a dirigirse a su sede habilitada en Bolipuertos Los Silos, donde se encontraban 38 cuerpos de menores de edad que no habían sido reclamados.
Entre los conteos independientes destacó el Comité Internacional de Rescate (IRC) que calculó 24 horas después del doblete sísmico aproximadamente 30.000 personas desaparecidas.
Por su parte, datos recabados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) para el 26 de junio sugerían que la cifra de desaparecidos podría ascender a 50.000. Fuentes de la oficina indicaron el 26 de junio a EFE que, aunque manejan esas cifras, no son atribuibles directamente a las Naciones Unidas (ONU).
En una rueda de prensa posterior, el coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla subrayó que todavía no existe una cifra confirmada de desaparecidos. Además, informó que la ONU y las autoridades chavistas acordaron adquirir 10.000 bolsas para cadáveres ante la posibilidad de que el balance de muertos siga en aumento.
Otros registros también se aproximan a la misma cifra. Por ejemplo, “Desaparecidos Terremoto Venezuela” reporta 29.899 desaparecidos para el momento de la publicación de esta nota. Esta plataforma ciudadana matiza que “una misma persona puede haber sido reportada más de una vez”, por ende, el dato no es absolutamente preciso.
La explicación oficial y el redireccionamiento al sistema VenApp
El Palacio de Miraflores no niega el vacío. De hecho, Jorge Rodríguez explicó que el rezago responde a un “criterio metodológico”. Según el vocero chavista, antes de sumar un caso a un conteo oficial, cada reporte de desaparición debe depurarse para evitar duplicados y errores de identificación. En paralelo, las autoridades remiten a la ciudadanía a la aplicación móvil VenApp del Sistema Patria, usada comúnmente para el control social, como canal para reportar y consultar personas no localizadas, en lugar de exponer un conteo público propio.
Al ser consultado por Pedro Pablo Peñaloza para Infobae, Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), advirtió que “es un problema no tener información oficial, que ciertamente es difícil de construir en las condiciones actuales por nuestra institucionalidad fragmentada y por la magnitud del daño, que es muy grande”.
En su opinión, las bases de datos independientes son “un esfuerzo ciudadano valioso, pero necesariamente tienes que cruzarlo con una data oficial”.
Ante el murmullo justificado de la crítica, Jorge Rodríguez decidió pronunciarse recientemente.
“Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando… si te das cuenta, desde el día 25 de junio, personalmente me presenté y dimos la cifra de personas que fallecieron, personas que tenemos la certificación de que en efecto lamentablemente perdieron la vida durante los dos terremotos. No podemos manejarnos en base a especulaciones sino en base a la realidad”, expresó el vocero chavista, quien no aclaró cuándo actualizarán nuevamente ese dato fundamental para comprender la magnitud de la tragedia.
Un vacío con antecedentes, no una tendencia mediática
El silencio actual no carece de precedentes en la historia reciente del país y el mejor ejemplo de ello fue la pasada pandemia por el Covid-19.
Para el 31 de agosto de 2023, cuando los contagios mermaron significativamente en todo el mundo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contabilizaba 552.695 casos de Covid-19 en Venezuela y unas 5.856 muertes, según datos transmitidos por el despacho de Nicolás Maduro.
Sin embargo, distintos voceros sugirieron que las cifras del chavismo eran inferiores a las reales.
Kathleen Page, médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, dijo que había entrevistado a profesionales sanitarios venezolanos que “indicaron que, incluso cuando ven casos confirmados de Covid-19, no se reportan en los informes epidemiológicos”.
A su vez, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), aseguró entonces que “las cifras y estadísticas que el gobierno venezolano está proporcionando, las estadísticas de Maduro, son absolutamente absurdas y no creíbles”.
Por si fuera poco, Michelle Bachelet también desestimó en alguna ocasión la veracidad de los datos sobre el Covid-19 en Venezuela.
Otro antecedente de opacidad institucional ante una emergencia nacional se registró en diciembre de 1999, durante la tragedia de Vargas, incentivada por una inclemente vaguada mientras el fallecido expresidente Hugo Chávez mantenía su interés sobre el proceso electoral para reformar la Constitución.
El número de víctimas mortales nunca estuvo claro y el gobierno bolivariano realizó en días posteriores tímidas estimaciones, de entre 1.500 a 16.000 muertos, y no precisó datos definitivos en años posteriores.
Pese a lo anterior, el Libro Guinness de los récords subrayó que la tragedia de Vargas alcanzó el mayor número de víctimas tras un alud de barro en toda la historia, al asegurar que los muertos oscilaban entre 10.000 y 30.000.
Se trata de dos episodios distintos, separados por más de veinte años y por circunstancias diferentes, pero ambos muestran que la brecha entre cifra oficial y cifra real no es para Venezuela un fenómeno inédito.
Por si los antecedentes no son suficientes para generar una razonable sospecha, Diosdado Cabello acusó a los trabajadores de la prensa, tanto locales como internacionales, de generar “una narrativa” para supuestamente perjudicar la imagen de los organismos del Estado venezolano, que acudieron a la zona de desastre en La Guaira hasta 72 horas después, como muchos afectados afirmaron.
“Ya se han caído todas esas matrices. Tienen aparatos comunicacionales para hacerle daño al pueblo. Mientras ellos hacen daño, nosotros procuramos atender al pueblo. Ante las matrices perversas creadas por algunos sectores que no aman a este país, odian a este país, lo que queda es la verdad”, declaró sin pestañear días después del doblete sísmico.
Lo que anticipaban los modelos sísmicos
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs), el sistema Pager (Evaluación de terremotos globales para la respuesta rápida) produce contenido sobre el impacto de terremotos significativos en todo el mundo para informar a los servicios de emergencia, organismos gubernamentales y a los medios de comunicación sobre la magnitud del posible desastre.
Justo después de los eventos telúricos que enlutaron a Venezuela, el sistema Pager emitió una estimación de alerta roja para el segundo y más potente sismo de magnitud 7,5 con una probabilidad de 43% de superar los 10.000 muertos y una de 38% de superar los 100.000.
“Es probable que haya muchas bajas y daños extensos y el desastre probablemente sea generalizado”, advirtió entonces el Usgs.
Aunque se trata de una estimación estadística preliminar, no de cifras confirmadas, la aproximación del servicio geológico estadounidense contrasta de forma marcada con el conteo oficial muertos a casi un mes del desastre.
Tres lecturas del silencio
Frente a este cúmulo de contrastes, el sociólogo Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, planteó una hipótesis: la ausencia de una cifra oficial de desaparecidos respondería a un cálculo político, destinado a no desgastar todavía más la figura de Delcy Rodríguez en medio de una crisis de confianza que golpea a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Es una interpretación que expresó durante una entrevista para CNN en Español a principios de julio.
“Hay una crisis de confianza en lo interno de la Fuerza Armada desde el 3 de enero. El Gobierno está consciente de que esto puede deslegitimar a Delcy Rodríguez con el impacto de la tragedia, generar preguntas sobre la capacidad del Estado, el manejo de los recursos”, apuntó Uzcátegui, quien recordó que el chavismo “está acostumbrado a dosificar la información”.
Según el criterio del sociólogo, “sería diferente si el Gobierno hubiese convocado a personas con conocimiento técnico para estar al frente, pero está liderado por personas leales”.
Los pocos uniformados locales que atendieron la contingencia pertenecían al Cuerpo de Bomberos de La Guaira y Protección Civil. Según múltiples testimonios de afectados en la zona de desastre, durante las primeras 72 horas, cruciales para salvar vidas, la mayoría de los rescatistas eran los propios vecinos, es decir, civiles que usaron sus manos como únicas herramientas para retirar los escombros y sacar con vida a los heridos que clamaban por ayuda.
La llegada de cuerpos castrenses y policiales desde otras partes del país demoró varios días, hasta que Diosdado Cabello anunció la militarización de la zona y restringió el paso vehicular en la carretera Caracas-La Guaira. Este hecho fue ampliamente registrado por periodistas y denuncias ciudadanas que además señalaron a uniformados de hurtar enseres en las residencias afectadas.
Es por ello que hablar de desaparecidos para el chavismo sería admitir que llegaron tarde. Si la ayuda del Estado se hubiera presentado a tiempo, con toda probabilidad la lista de personas sin localizar sería mucho menor y no habría necesidad de maquillarla u ocultarla.
Como era de esperar, Delcy Rodríguez ha ofrecido una explicación distinta.
Secundó a su hermano u sostuvo que la cautela de su administración interina responde a errores de identificación registrados en el proceso de conteo. Por ello, estimó inadecuado publicar cifras sin depurar ya que, en su opinión, arriesgaría la credibilidad del proceso y alarmaría a la población.
La fotografía que deja este cruce de datos es la de un aparato oficial que actualiza la cifra de muertos con frecuencia mientras mantiene fija, desde hace más de un mes, la única cifra de
desaparecidos que ha ofrecido: 157. La brecha con las estimaciones independientes —que pudieran aproximarse a 30.000 afectados sin localizar— no es un margen de error estadístico, es un vacío de información sobre miles de familias que todavía no saben qué pasó con los suyos. El gobierno interino redirige a la ciudadanía a la aplicación VenApp del Sistema Patria para reportar y consultar personas no localizadas, en lugar de publicar un conteo propio. La hipótesis de Rafael Uzcátegui sigue siendo una lectura suya, no una conclusión de esta redacción. Sin embargo, si esa lectura fuera acertada, quedaría abierta la pregunta sobre cuál costo político asumiría el gobierno interino al reconocer una cifra de desaparecidos más alta que la admitida hasta ahora. La historia reciente de Venezuela no garantiza que este vacío se repita de la misma forma, pero sí recuerda que en episodios anteriores el país cerró capítulos de tragedia masiva sin fijar nunca una cifra definitiva de sus víctimas.