Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio hicieron este jueves 23 de julio, un llamado urgente a los gobiernos de las Américas, a la Unión Europea y a la ONU para desconocer la consolidación de un “régimen sin elecciones” en Nicaragua, advirtiendo que la crisis no es un asunto interno sino una amenaza para la seguridad y la migración de todo el continente.
En una declaración conjunta, esa coalición opositora hizo un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo Permanente de la ONU y su Secretaría General, así como a las cancillerías latinoamericanas, para que activen y fortalezcan los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a esta ruptura del orden democrático.
Ese llamado de los opositores surge después de que el cuestionado copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propusiera eliminar las elecciones en su país, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, eliminando la competencia o declarando “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección.
“La OEA cuenta con instrumentos claros para responder a situaciones de esta naturaleza, y su aplicación rigurosa es esencial para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales”, señalaron las organizaciones.
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En particular, solicitaron que los Estados democráticos y los órganos competentes de la OEA adopten las medidas jurídicas y diplomáticas correspondientes de conformidad con la Carta Democrática Interamericana y mantengan el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes.
“La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta firme, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional”, advirtieron.
Asimismo, alertaron que la normalización de una “dictadura permanente” en Nicaragua tendría efectos directos sobre la estabilidad política, la gobernabilidad, la seguridad del continente, profundizaría el exilio de miles de nicaragüenses, generaría nuevas olas migratorias, sentaría un precedente negativo para la región y debilitaría el compromiso hemisférico con la defensa de la democracia y el Estado de derecho.
“Por ello, esta crisis constituye un asunto de legitimo interés hemisférico y no un problema exclusivamente interno”, anotaron.
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Por tanto, exhortaron a los gobiernos democráticos del hemisferio, a la OEA, al sistema de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general a no reconocer ni legitimar la abolición del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes, bajo el argumento que “defender las elecciones libres en Nicaragua es defender la democracia en las Américas”.
En la declaración, suscrita por la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional, Unión Democrática Renovadora y otras cinco organizaciones civiles, advirtieron que las declaraciones de Ortega “no se trata de un gesto político interno, sino de la decisión explícita de abolir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y de consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico”.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, aseguró que “aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
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El pasado miércoles 22 de julio, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los “traidores a la patria” en el país.
Con información de EFE