El abogado Perkins Rocha aseguró que es inválida la renuncia del Estado venezolano, promovida por Delcy Rodríguez, al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), donde sigue abierto el Caso Venezuela I.
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En una conversación con el periodista Napoleón Bravo, Rocha dejó claro que se trata de un movimiento político que no debe ser vinculante ya que, según la Constitución, los tratados internacionales firmados por Venezuela y aprobados por la Asamblea Nacional no puede revertirse y retirarse del orden jurídico nacional, el cual es progresivo.
La iniciativa chavista “significa que el sujeto ‘sub iudice’, es decir, quien está siendo encausado, después de varios años donde trató de defenderse y alegar, ahora niega de la naturaleza jurídica y de la validez del tribunal. Es como si una persona en pleno juicio empieza a desconocer al juicio, al juez, al tribunal, y quiere simplemente apartarse de su jurisdicción, lo cual sería un precedente muy terrible. Eso deberías hacerlo previamente al juicio o posteriormente al juicio. Más allá de las razones que indican, jurídicas, que tal decisión en el caso de Venezuela es de imposible ejecutoria, que son razones netamente de orden constitucional”.
“En Venezuela esa decisión es absolutamente inviable. Decisión que, por cierto, la persecución contra el gobierno de Nicolás Maduro y algunos de sus adláteres que hoy reposa en la Corte Penal Internacional, no solamente la pidieron venezolanos, sino la pidieron seis países, seis Estados autónomos a nivel mundial, que son Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en el año 2018. Ellos fueron con sus cancilleres respectivos a la Haya y ante la Corte Penal Internacional ratificaron la denuncia de violación de derechos humanos contra el gobierno de Nicolás Maduro”, recordó Rocha.
La presente investigación “sigue porque no es válida la exclusión que los gobernantes de turno, independientemente de su cualidad legítima, que no la tienen, para solicitar la denuncia del Tratado, que así formalmente se llama, no es válida, entre otras cosas, porque la Constitución venezolana establece que los pactos internacionales que se han suscrito válidamente por Venezuela, ratificados por el Congreso, son ley interna y son progresivos. Hay un concepto de progresividad en virtud de la cual, aunque tú lo denuncies o te apartes como autoridad de él, ellos te persiguen, según la Constitución venezolana vigente. Te persiguen porque forman parte integrante del acervo humanitario, algo que te beneficia a ti como ser humano no puede venir otro a decir que te lo quita, por más autoridad que tenga. Una vez que se incorpora dentro del orden jurídico venezolano, ya forma parte de su ordenamiento y no hay manera de retirarlo”.
Según el criterio de Rocha, “aquí llegará un momento, sin lugar a dudas, que la democracia regresará y la democracia va a regresar una vez el pueblo y los ciudadanos se expresen y escojan autoridades legítimas, cosa que no ha ocurrido desde hace mucho tiempo porque se lo ha impedido el mismo grupo usurpador. Cuando eso regrese, va a ocurrir que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados de esta Constitución y las leyes es nulo. Lo que nació nulo será nulo y será inválido, eso está claro para todos los abogados del país”.
Respecto a los acuerdos comerciales recientemente firmados por Delcy Rodríguez, estimó que “cualquiera que quiera realizar un negocio, un contrato, un acuerdo con quien no representa al pueblo venezolano, quien no representa la soberanía, estará jugando sobre la nada, estará jugando en un terreno muy incierto, porque va a tener que luego revalidar esos pactos o esos contratos, porque quienes hoy están al frente de la administración, de los desechos precarios de lo que fue la República de Venezuela y de lo que quedó después la tragedia del 24 de junio, no tienen la cualidad suficiente para representar a la nación venezolana”.