La acusación popular unificada del “caso Begoña Gómez”, que lidera Hazte Oír, solicita finalmente para la mujer del presidente del Gobierno una condena a 13 años de cárcel por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, según recoge el nuevo escrito de conclusiones provisionales..
Por La Razón
En el caso de su asesora en Moncloa, la acción popular en su conjunto reclama para Cristina Álvarez una pena de seis años de prisión y su inhabilitación absoluta durante 15 años como cooperadora necesaria en el desvío del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La acusación pide en su escrito entregado al juez Juan Carlos Peinado que se tome declaración durante el juicio, en calidad de testigos, a Pedro Sánchez para que sea interrogado sobre el uso del complejo monclovita como ámbito relacional del proyecto de la cátedra extraordinaria que dirigió su cónyuge, y al ministro socialista Félix Bolaños, a fin de esclarecer las circunstancias que mediaron en la contratación de Álvarez como alto cargo de Presidencia del Gobierno.
Esta parte ve preciso que durante la vista oral se le practique una testifical al empresario Juan Carlos Barrabés en torno a su relación profesional con Gómez, las citas que tuvieron Moncloa como escenario y su colaboración tanto en el máster como en el proyecto de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Hay que recordar que recientemente la Audiencia Provincial de Madrid descartó que fuera enviado al banquillo en esta causa.
Volviendo a la esposa del líder del PSOE, la acusación le atribuye la consecución de un delito de tráfico de influencias, por el que exige dos años de cárcel, ya que se habría prevalido de su condición de “primera dama” para que la UCM creara la cátedra y ella fuese nombrada su máxima responsable.
Le acusa también de un ilícito de malversación continuada, al que aparejan una pena de tres años de encarcelamiento, por destinar a fines privados el desempeño de su asistente pública que cobró -recuerda la acusación- más de 364.000 euros en nóminas que salieron de los Presupuestos General del Estado.
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