A más de cinco años de la tragedia que enlutó y devastó al municipio Tovar del estado Mérida el 23 de agosto de 2021, varias familias damnificadas continúan esperando una respuesta oficial.
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Entre promesas incumplidas y un laberinto burocrático entre los distintos niveles de gobierno, los sobrevivientes claman por el derecho a una vivienda digna que mitigue los estragos de una pérdida total de la que aún no logran levantarse, desde aquella noche cuando las aguas arrasaron con todo a su paso.
La vaguada que azotó esta tierra andina no solo arrasó con infraestructura y bienes materiales, sino que fracturó familias enteras, dejando heridas profundas que el tiempo, lejos de sanar, ha convertido en cicatrices de frustración debido al abandono del chavismo.
Aunque ciertamente adjudicaron algunas viviendas meses después, a la fecha no han logrado cumplir con la promesa de beneficiar con un techo digno a la totalidad de los afectados por la tragedia.
Elvia del Valle Miranda, enfermera jubilada con 35 años de trayectoria al servicio del Hospital II San José de Tovar, es una de las voces que encarna esta pena colectiva, que sigue abierta a pesar del transcurrir de los años.
La señora Miranda resume el sentimiento de los afectados con una profunda indignación “Pienso que están como jugando con el sentimiento ajeno, están jugando con los sentimientos de nosotros que lo perdimos todo, no nos quedó nada. Si yo tuviera una jubilación digna, no estuviera en esto. De verdad que no estuviera en esto, porque ya estoy como un poquito del más allá de estar diciendo que la vivienda, la vivienda. Yo me hubiese comprado una vivienda, pero no, la jubilación no llegó como para uno comprarse una vivienda, no llegó ni para un mercado”.
A sus espaldas, la memoria de aquella madrugada sigue viva de la forma más dolorosa. En el sector Monseñor Moreno, donde se registraron las primeras víctimas mortales, la tragedia golpeó con dureza a su núcleo familiar. Allí perdieron la vida su madre, cuya partida dejó un vacío irreparable, con el dolor añadido de que hoy estaría por cumplir 81 años, y su cuñado. La casa que con tanto sacrificio habían construido de la mano de sus hijos, quedó reducida a escombros, al igual que los hogares de otros parientes y vecinos del tradicional Callejón de los Criollos, un espacio habitado por hermanos, sobrinos, nietos y familiares que hoy se encuentra completamente desolado.
Oficios perdidos y presupuestos invisibles
El calvario de los sobrevivientes no terminó con el cese de las lluvias; por el contrario, dio inicio a una desgastante batalla contra lo que califican burocracia, desidia y falta de transparencia.
Durante estos cinco largos años, los afectados han recorrido un camino plagado de reuniones, visitas de inspección que quedaron en el papel y falsas expectativas alimentadas por distintos gobiernos locales y regionales.
Los testimonios apuntan a que, en su momento, la autoridad de turno señaló reiteradamente que los recursos estaban aprobados y que correspondía agilizar los trámites para evitar la devaluación del dinero.
“Quedaron en venir con una comisión para supervisar las situaciones de cada familia y nunca llegó esa supervisión”, recuerdan con tristeza.
Promesas incumplidas
En varias oportunidades se les solicitó buscar opciones inmobiliarias en zonas accesibles como El Llano o Las Colinas, cumpliendo con la exigencia de llevar fotografías, presupuestos y avalúos. No obstante, tras encontrar alternativas viables y por debajo de los topes presupuestarios sugeridos por los propios entes oficiales, la respuesta era siempre la misma: “Que no había dinero, que esperara el proyecto de las nuevas viviendas, puras mentiras y nada”.
Hacinamiento y alquileres impagables
Hoy en día, la realidad de quienes lo perdieron todo es dramática y pone en evidencia una crisis humanitaria.
Elvia del Valle relata la situación límite de hacinamiento que se vive en su propio hogar: son siete personas bajo el mismo techo, compartiendo espacios reducidos.
Su padre, de avanzada edad y postrado en cama, ocupa una habitación adaptada; ella, su esposo y un hijo menor comparten otro espacio; mientras que su otro hijo y la esposa de este habitan una tercera habitación.
Para intentar socorrer a su hermano, quien también perdió su vivienda en el sector, la familia tuvo que improvisar una estructura precaria en la platabanda, levantada con láminas de zinc.
Sin embargo, las filtraciones y las fuertes precipitaciones registradas últimamente en la localidad convirtieron el espacio en un lugar inhabitable.
Ante esto, su hermana y sus sobrinas debieron recurrir a un alquiler en el centro de Tovar, pagando 120 dólares mensuales.
Recientemente, la presión económica hizo crisis definitiva: al no poder sufragar simultáneamente el costo del arrendamiento y la alimentación básica, se vieron en la obligación de desalojar, quedando nuevamente a la deriva y buscando un lugar donde refugiarse.
Los olvidados de la vaguada
A cinco años de aquella madrugada trágica del 23 de agosto de 2021, la exigencia de las familias damnificadas sigue siendo la misma: claman un techo seguro donde vivir en condiciones dignas.
El ruego de Elvia del Valle Miranda y el de las pocas familias que quedaron resistiendo arrimadas en otras casas, va dirigido directamente a las autoridades para que rompan la burocracia y actúen con sentido de justicia social.
En las calles de Tovar la gente sigue preguntando: ¿Qué va a pasar con los olvidados de la vaguada, aquellos a quienes el Estado prometió devolverles la vida y a quienes, cinco años después, solo les ha ofrecido promesas que hasta el sol de hoy han sido incumplidas?