Karim Vera, diputada de la AN de 2015 por el estado Táchira y presidenta regional de Primero Justicia, precisó que en la entidad andina se iniciaron estas mesas de trabajo con la sociedad civil a nivel nacional, convocando en esta primera etapa al gremio de abogados y académicos de la entidad andina.
Por: Luz Dary Depablos | Corresponsalía lapatilla.com
La actividad contó con la asistencia de representantes del Colegio de Abogados de la región, el Bloque Constitucional del Consejo Jurídico Capítulo Táchira y docentes de la Universidad Católica del Táchira (UCAT).
En el sitio estuvieron presentes los dirigentes Eduardo Marín y Karim Vera, mientras que de forma remota se conectaron la presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera, junto a los parlamentarios Gaby Arellano, Sonia Medina y Freddy Vergara, entre otros integrantes de la delegación.
Recopilación de propuestas
Se espera que los aportes obtenidos en Táchira durante esta jornada y en las reuniones que se llevarán a cabo en otros estados del país sean recopilados y organizados.
Posteriormente, los documentos se entregarán a la secretaría de la delegación, a cargo de los diputados Jesús Yáñez y Marcos Bozo para consolidar una propuesta técnica que será presentada en la mesa de negociación.
En esta fase inicial, el trabajo no se enfoca en la recolección de listas de candidatos o postulados para integrar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sino en la elaboración de reformas a las leyes vinculadas con la designación de los magistrados del máximo tribunal.
Una vez aprobados los cambios normativos correspondientes, se plantea la conformación de un Comité de Postulaciones Judiciales que permita la participación de profesionales del Derecho que cumplan con los requisitos legales y con los principios de honestidad y probidad.
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Finalmente, los parlamentarios señalaron que la agenda de consultas se extenderá paulatinamente a otros sectores del país, incluyendo partidos políticos y gremios profesionales como el de los periodistas, con el fin de abordar temas inherentes a las garantías institucionales y la libertad de expresión.