La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación en profundidad para determinar si la indemnización de 23,5 millones de euros que un tribunal arbitral ordenó pagar a España a la compañía japonesa JGC Holdings por los cambios introducidos en el régimen de apoyo a las energías renovables constituye una ayuda de Estado incompatible con las normas de la Unión Europea. Bruselas considera, por el momento, que tanto el laudo arbitral como el pago de la indemnización podrían constituir una ayuda de Estado, al otorgar a la empresa una ventaja económica derivada del antiguo régimen español de apoyo a las renovables, que –señala– nunca fue notificado al Ejecutivo comunitario para su aprobación. El expediente tiene su origen en la reforma… Ver Más