La reanudación de las relaciones consulares entre Chile y el régimen venezolano puso fin a casi dos años de ruptura diplomática y abrió un nuevo canal de comunicación entre ambos países. Sin embargo, detrás del anuncio quedó una pregunta que continúa sin respuesta: si este acercamiento tendrá algún efecto sobre la investigación que la Fiscalía chilena mantiene contra el ministro del Interior del chavismo, Diosdado Cabello, por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
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La revisión de expedientes judiciales, documentos oficiales y la cobertura publicada por medios chilenos y venezolanos muestra que, al menos por ahora, la respuesta parece ser negativa. Mientras el acuerdo consular marca un cambio en el plano diplomático, el expediente que involucra a Cabello permanece sin modificaciones sustanciales: continúa bajo investigación, pero sin formalización de cargos ni una solicitud de extradición presentada por las autoridades chilenas.
Más allá del anuncio diplomático, la cronología de los acontecimientos apunta a otro escenario. La cooperación judicial entre ambos países comenzó a reactivarse meses antes del restablecimiento consular, tras la caída de Nicolás Maduro y la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía venezolana. Eso significa que el obstáculo que mantenía inmóvil la causa dejó de ser, hace tiempo, la ausencia de relaciones diplomáticas.
Una causa que no se movió
El recorrido del expediente evidencia dos velocidades completamente distintas. Por un lado, la investigación contra quienes habrían ejecutado materialmente el asesinato de Ojeda avanzó hasta la fase de juicio. Por el otro, la situación procesal de Cabello prácticamente no ha cambiado desde comienzos de 2026, pese a que la Fiscalía chilena lo mantiene como el principal investigado por su presunta participación intelectual en el crimen.
La diferencia se hace aún más evidente al revisar las actuaciones desarrolladas por Chile durante el último año y medio. Aunque ambos países mantienen vigente el tratado bilateral de extradición firmado en 1962, las autoridades chilenas presentaron 12 solicitudes de extradición a Venezuela sin incluir en ninguna de ellas el nombre de Cabello. Ese patrón se mantuvo durante la ruptura diplomática y continuó incluso después de reabrirse el canal de comunicación entre ambos Estados.
En paralelo, surgió una versión según la cual Caracas habría condicionado el restablecimiento de las relaciones a que Chile evitara confrontar públicamente al régimen.
No obstante, debemos recordar que en diciembre de 2025, el entonces presidente electo José Antonio Kast expresó en Buenos Aires su respaldo a cualquier salida que pusiera fin a la dictadura venezolana y recibió una respuesta tajante de Maduro. Sin embargo, tal parece que esas declaraciones no condicionaron a priori el proceso de normalización entre ambos países.