La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada a finales de enero, evidencia un cambio en la política energética del Estado al priorizar los Contratos de Participación Productiva (CPP) por encima de la conformación de nuevas empresas mixtas. Sin embargo, la falta de claridad tributaria y los choques de jurisdicción mantienen un clima de incertidumbre que limita el atractivo de Venezuela frente a otros mercados de la región. Así lo advirtió el abogado especialista en derecho de hidrocarburos, José Ignacio Hernández en el programa “Petroguía” para Fedecámaras Radio.
De acuerdo con Hernández, la ley pone su principal interés en el desarrollo de contratos directos con filiales estatales, específicamente PDVSA Petróleo, para realizar actividades primarias. Esta preferencia responde a una realidad financiera: en una empresa mixta, PDVSA está obligada a mantener la mayoría accionaria, lo que implica deberes de aporte de capital que actualmente no puede cumplir.
Por ello, la estrategia apunta a trasladar la operación de los campos de producción propia de PDVSA hacia la inversión privada, siendo las empresas particulares quienes asuman la totalidad de los costos. El caso de la empresa Hunt Oil, que asumirá operaciones de crudo convencional y gas en Monagas, representa el primer contrato bajo esta nueva modalidad con una empresa nueva.
Uno de los principales obstáculos para la llegada de capitales es el choque de legislaciones. Hernández explicó que licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), como la 52A, obligan a incluir una cláusula donde los aspectos contractuales se rigen por el derecho de Estados Unidos. No obstante, desde 1920 el principio en Venezuela ha sido que estos acuerdos se rijan por el derecho nacional, y ni la reciente reforma ni su reglamento permiten expresamente la aplicación de leyes extranjeras.
Ante esta disyuntiva, el especialista aseguró que cualquier inversionista estadounidense optará por cumplir con la Ofac antes que con la ley venezolana, lo que genera un problema de derecho público que debe ser abordado con transparencia y madurez institucional para garantizar la seguridad jurídica.
Lea más en Fedecámaras Radio