La familia de Jhon Castillo, un venezolano de 19 años, intenta conseguir su liberación luego de que el joven fuera detenido tras una parada de tráfico en el condado Polk, Florida, y posteriormente quedara bajo custodia migratoria. Castillo, quien terminó la secundaria en Estados Unidos y esperaba comenzar sus estudios universitarios, tiene una petición familiar pendiente, según documentos mostrados por sus allegados a Univision.
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De acuerdo con el testimonio de su tía, Marbis Camargo, la detención ocurrió después de que un agente detuviera a Castillo presuntamente por tener los vidrios del vehículo más oscuros de lo permitido. La familia sostiene que el procedimiento de tránsito terminó derivando en una intervención migratoria que llevó al joven a la prisión estatal Baker.
“Entonces el oficial le dijo simplemente estas son las órdenes que tenemos que seguir. Lo siento, pero son las órdenes”, relató Camargo sobre la explicación que recibió la familia.
Castillo se graduó de high school en Estados Unidos hace dos años y tenía previsto estudiar en la universidad, pero esperaba obtener su residencia para poder acceder a tarifas de matrícula más bajas. Ahora, sus familiares aseguran que sus planes académicos quedaron en suspenso y que tuvieron que organizar una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos legales.
“Nos hemos visto en la necesidad de crear un GoFundMe. Y les pido por favor si nos pueden ayudar. Con lo poquito que puedan donar, va a significar mucho. Los costos son inalcanzables”, afirmó su tía.
Según la información difundida por Univision, un documento de USCIS confirma que la agencia recibió en septiembre de 2025 una petición familiar I-130 en la que Castillo figura como beneficiario. El joven también tiene programada para el 9 de septiembre una audiencia relacionada con su proceso de deportación, mientras sus familiares esperan que pueda realizarse antes una audiencia para solicitar su libertad.
El caso ocurre en un contexto de mayor participación de las autoridades locales de Polk en labores vinculadas con inmigración. La oficina del alguacil mantiene acuerdos bajo el programa federal 287(g) y ha ampliado su cooperación con ICE; en marzo, el sheriff Grady Judd afirmó que aproximadamente 76% de los detenidos por su oficina correspondían a personas que también enfrentaban cargos criminales.
La oficina del alguacil explicó a Univision que, durante una investigación, si un agente determina que una persona podría encontrarse ilegalmente en Estados Unidos, se contacta a ICE para verificar su situación y esa agencia decide si emite una orden de detención. Sobre las solicitudes migratorias pendientes, la dependencia sostuvo que algunas personas aseguran tener trámites en curso que posteriormente no resultan ser ciertos, aunque en el caso de Castillo sus familiares dicen contar con documentación de USCIS que acredita la petición presentada.
La detención también ha incrementado el temor entre familiares y miembros de la comunidad migrante del condado. “No, absolutamente no. No los llamaría porque yo sé que hoy mismo voy a perder mi libertad”, respondió Camargo cuando se le preguntó si acudiría a la oficina del alguacil en una emergencia en carretera.