No sorprende, pero duele. Duele porque Venezuela ya no resiste otro ciclo de ilusionismo político. La publicación, el 13 de agosto, del informe R49186 del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos —“La transición política de Venezuela tras Maduro y la política de EE. UU.”, redactado por Clare Ribando Seelke— viene a poner números y fechas sobre lo que muchos veníamos oliendo desde enero: que la “transición” venezolana no es más que una operación de normalización sin transición.
El documento que hoy reposa en los escritorios de los legisladores y asesores del Capitolio —y que ningún medio grande ha recogido todavía— es la primera evaluación completa que el brazo investigador no partidista del Congreso estadounidense produce sobre lo que ocurre en Venezuela ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro. Y lo que dice, aunque redactado en el lenguaje aséptico de los informes técnicos, es un parte de defunción de las esperanzas democráticas.
El precio del petróleo y el precio de la dignidad
El informe consigna lo que Washington ha comprado con su presión sobre el gobierno encargado. La lista es elocuente: el control estadounidense sobre las ventas de petróleo venezolano y sus ingresos; la promulgación de una ley de amnistía y la liberación de algunos presos políticos; un repliegue de los vínculos de Venezuela con Cuba e Irán; y cooperación en seguridad que culminó con la muerte de un líder del Tren de Aragua.
El presidente Trump ha dicho que EE. UU. ha recaudado más de 13.000 millones de dólares por ventas de petróleo venezolano. Un funcionario del Departamento de Estado precisó que 3.000 millones han pasado por cuentas bajo control estadounidense, con KPMG contratada para auditorías trimestrales. Para julio, KPMG ya no auditaba: “monitoreaba”. La diferencia semántica es la misma que separa la soberanía de la tutela.
“Normalización sin transición”: el concepto que define la era
El CRS recoge una expresión que el analista Benigno Alarcón Deza ha acuñado para describir el proceso: “normalización sin transición”. Rodríguez y su hermano, anota el informe, “han utilizado el respaldo estadounidense para consolidar poder” mediante ese mecanismo. El gobierno de Rodríguez excedió el límite constitucional de 180 días a comienzos de julio. Washington ha levantado sanciones sobre Rodríguez, alcanzado acuerdos económicos con su gobierno y respaldado la inmovilización de activos venezolanos “sin exigir que los funcionarios encargados se comprometan públicamente con una hoja de ruta electoral”.
Es el cuento de nunca acabar: la presión para que haya transición se convierte en la coartada para que no la haya. Y el Departamento de Estado, según consigna el informe, no ha dicho públicamente qué papel, si alguno, respaldaría para María Corina Machado.
Las cifras del desencanto
Más de 800 presos políticos excarcelados entre enero y mayo bajo una ley de amnistía que excluyó a muchos oficiales militares y a figuras opositoras en el exilio. 382 aún detenidos al 3 de agosto, según el conteo del Foro Penal. Y la constatación, por la oficina de derechos humanos de la ONU en marzo, de que “las estructuras que han sostenido la persecución durante años no han sido desmanteladas”.
No es una transición: es una pausa.
Lo que el Congreso puede hacer, y lo que no hace
El informe expone las herramientas legislativas sin avalar ninguna. La H.R. 8595 destinaría 50 millones de dólares a programas de democracia y prohibiría usar fondos para negociar o facilitar el alivio de sanciones salvo que el Secretario de Estado certifique elecciones libres y justas. La H.R. 7674 exigiría una estrategia de transición. La S. 4809 exigiría reportes mensuales de cumplimiento.
Pero el dato clave es otro: el Ejecutivo no solicitó fondos para democracia en Venezuela ni en el año fiscal 2026 ni en el 2027. El Congreso asignó de todos modos 50 millones de dólares. Es decir: mientras la administración Trump negocia petróleo, el Congreso pone dinero para la democracia que nadie le pidió. Una metáfora perfecta de este tiempo: los brazos del gobierno estadounidense no caminan en la misma dirección.
El epílogo que no cierra
Hay momentos en la historia donde una decisión política deja de ser solamente una decisión política y se convierte en un símbolo. La decisión de Washington de convertir la “transición” venezolana en una operación de control petrolero, con la aquiescencia de quienes debían ser los garantes del cambio, es uno de esos momentos.
El informe del CRS no hace recomendaciones. No es su función. Pero su lectura, fría y meticulosa, es la más caliente de las acusaciones: ocho meses después de la captura de Maduro, Venezuela sigue sin transición, la represión no ha sido desmantelada y el petróleo fluye hacia cuentas controladas por Washington mientras los presos políticos siguen en las mazmorras.
La normalización sin transición termina creando nuevos beneficiarios del statu quo. Los autoritarismos también aprenden, se adaptan y buscan perpetuarse. Y nosotros, los que hemos visto demasiados ensayos fallidos, no podemos evitar pensar que este es uno más.