La abogada y defensora de derechos humanos venezolana, Linda Loaiza López Soto, denunció este martes 11 de agosto un nuevo diferimiento en el proceso judicial relacionado con su caso, que acumula más de 25 años en espera de justicia.
Por: lapatilla.com
“Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia”, escribió Loaiza en su cuenta oficial de X.
La nueva audiencia estaba prevista para el 11 de agosto, y debía abordar nuevamente el caso en una instancia judicial venezolana. Sin embargo, el proceso volvió a quedar postergado, prolongando una causa que se convirtió en un referente internacional sobre violencia de género y responsabilidad del Estado.
El caso de Loaiza trascendió las fronteras de Venezuela luego de que se convirtiera en la primera venezolana en presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) un caso de violencia de género contra el Estado venezolano.
En 2016, la Cidh remitió el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), después de determinar que el Estado venezolano era responsable por la violación de múltiples derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Posteriormente, el 16 de septiembre de 2018, la Corte IDH dictó una sentencia en la que estableció la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos sufridas por Loaiza y ordenó una serie de medidas de reparación.
La defensora ha denunciado que el Estado venezolano se ha negado a cumplir con esa decisión internacional. A pesar del fallo de la Corte IDH, el proceso en Venezuela continúa enfrentando obstáculos y retrasos.
La audiencia prevista para este 11 de agosto devolvió el caso a una instancia judicial venezolana, 10 años después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara que una sala distinta de la Corte de Apelaciones conociera nuevamente las apelaciones.
El nuevo diferimiento vuelve a poner en el centro del debate el cumplimiento de las obligaciones del Estado venezolano frente a las víctimas de violaciones de derechos humanos y la demora en garantizar verdad, justicia y reparación.