El cálculo que acaba de presentar Miguel Ángel Santos merece ser tomado muy en serio.
En su reciente conversación con César Miguel Rondón, Santos estima que, durante los años del control cambiario, entre 2003 y 2016, salieron de Venezuela aproximadamente US$161.300 millones.
La cifra no aparece aislada de su trayectoria académica. Santos y Carmen Reinhart habían estudiado años atrás la relación entre represión financiera, controles cambiarios y fuga de capitales en Venezuela. Su trabajo documentó un vínculo entre los desequilibrios domésticos, los controles y el deterioro de la posición externa a través de la fuga privada de capitales.
La actualización de esa estimación tiene un enorme valor para comprender la magnitud de la descapitalización venezolana. Mi discrepancia comienza después.
Si una futura Venezuela necesita recuperar parte de esos capitales y seguramente los necesitará, la pregunta no puede limitarse a cuáles incentivos económicos debemos ofrecer para que regresen. Existe una pregunta anterior:
¿Qué capital queremos que regrese y qué sabemos sobre su origen?
No se trata de convertir una política económica en un juicio moral sobre cada venezolano que protegió legítimamente su patrimonio fuera del país. Millones de decisiones privadas respondieron racionalmente a inflación, expropiaciones, inseguridad jurídica, controles, destrucción monetaria y riesgo político.
Ese capital legítimamente expatriado debería encontrar poderosos incentivos para regresar a una economía con estabilidad, seguridad jurídica y protección de los derechos de propiedad.
Pero existe una segunda categoría que no puede desaparecer de la discusión.
Durante exactamente esos años también quedaron documentados mecanismos de corrupción, arbitraje cambiario, utilización de empresas instrumentales, estructuras offshore, apropiación de recursos públicos y operaciones financieras que posteriormente han sido objeto de investigaciones, procesos judiciales y condenas en distintas jurisdicciones.
Por eso, sumar todos los dólares que salieron y tratarlos posteriormente como una masa homogénea de ahorro venezolano susceptible de ser atraída mediante incentivos plantea un problema metodológico.
La fuga de capitales es una categoría macroeconómica. No es una certificación jurídica sobre el origen de cada dólar que la integra.
Y esa diferencia resulta fundamental.
Entre 2003 y 2016 pudieron coexistir el empresario que trasladó legalmente su patrimonio para protegerlo de una expropiación y quien obtuvo divisas mediante una operación fraudulenta; la familia que depositó sus ahorros en el exterior y estructuras que utilizaron sociedades interpuestas para ocultar beneficiarios finales; patrimonio legítimamente acumulado y activos cuyo origen pudiera estar asociado con corrupción u otros delitos.
Macroeconómicamente, todos pueden ser considerados como capital que se ha retirado.
Jurídicamente no son iguales.
Y tampoco deberían serlo desde el punto de vista financiero.
La economía de la integridad y la economía del retorno son inseparables.
Aquí es donde pienso que la discusión sobre Venezuela requiere incluir una dimensión que, por lo general, ha estado excluida de ciertos modelos de reconstrucción.
El mundo financiero de 2026 no se parece al de hace treinta años.
A lo largo de las últimas décadas, se ha establecido una arquitectura internacional con el objetivo específico de evitar que la modificación geográfica o jurídica de un activo anule las cuestiones sobre su origen.
La recuperación de activos, la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, los controles contra el lavado, la trazabilidad financiera y la debida diligencia dejaron de ser asuntos periféricos del sistema financiero.
Son parte de su estructura.
La OCDE En su informe Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026, ha creado el concepto de «ventaja de integridad», que es especialmente relevante.
La tesis tiene un gran poder económico. La integridad no es un costo que se tenga que sacrificar para atraer inversión. Es un activo estratégico que ayuda a generar las condiciones para el crecimiento y la competencia, y tiene el potencial de fortalecer la habilidad de atraer inversión y gestionar riesgos.
La OCDE, por otra parte, indica que la corrupción disminuye la previsibilidad, desincentiva la inversión y la innovación y produce ineficiencias y costos. Incluso señala que la concepción antigua de que la corrupción puede «engrasar las ruedas» de una economía tiene muy poco apoyo empírico.
Para Venezuela, el desenlace debería ser totalmente opuesto a una posible disyuntiva entre capital e integridad:
La integridad tiene el potencial de transformarse en una ventaja competitiva para captar capital.
Esto se vuelve particularmente importante cuando la OCDE advierte del crecimiento de la intersección entre corrupción y crimen organizado.
Su informe del 2026 examina cómo las organizaciones criminales utilizan la corrupción para infiltrarse en estructuras gubernamentales y económicas, obtener beneficios y encubrir o facilitar actividades ilícitas.
Ese diagnóstico internacional modifica la naturaleza de nuestro debate. La diferencia es esencial.
Se deberían continuar con los procesos legales pertinentes. La trazabilidad no es sinónimo de confiscación. La debida diligencia no implica culpabilidad. Determinar quién es el beneficiario final no implica la persecución del capital privado.
Implica crear mercados que sean capaces de identificar riesgos.
El precedente que Venezuela no debería establecer
Adicionalmente, hay un asunto institucional mucho más profundo.
Imaginemos que una transición en Venezuela declare incentivos significativos para recuperar una parte de los 161.300 millones de dólares, sin implementar métodos apropiados para la identificación y la trazabilidad.
¿Qué mensaje estaría transmitiendo?
Una paradoja podría suceder: al intentar recapitalizar el país, Venezuela podría acabar proporcionando un mecanismo de legitimación económica a patrimonios cuya fuente nunca fue aclarada. Esto no solo suscitaría cuestiones jurídicas.
Representaría riesgos para los bancos, los inversores institucionales, las empresas internacionales y los corresponsales financieros que tendrían que interactuar con esos capitales más adelante.
Para recuperar la confianza, se necesita exactamente lo opuesto.
La OCDE afirma en 2026 que las naciones que se benefician de la «ventaja de la integridad» tienen una mejor posición para atraer inversión y gestionar riesgos. Por lo tanto, la meta no debería ser optar entre atraer dinero o pedir transparencia.
Debería ser lograr ambas cosas.
US$161.300 millones: una cantidad que inicia otra pesquisa
Por esta razón, valoro de manera especial la estimación de Miguel Ángel Santos.
Sin embargo, tal vez su cifra no cierre un debate. Puede que la abra.
La investigación subsiguiente debería tratar de entender cómo se fueron esos 161.300 millones de dólares de Venezuela entre 2003 y 2016.
¿Cuánto fue el ahorro privado que se expatrió legalmente?
¿Cuánto se ocupó de la protección de bienes ante el peligro venezolano?
¿A cuánto ascendió la sobrefacturación de importaciones o los mecanismos que surgieron a partir de las distorsiones del control cambiario?
¿En cuántas estructuras corporativas opacas se ha adentrado?
¿En qué medida puede surgir más adelante en conexión con investigaciones judiciales, empresas instrumentales, beneficiarios finales identificados o activos que se hayan recuperado en otras jurisdicciones?
¿Cuánto de esa riqueza puede volver sin reservas y cuánto debe ser primero identificado, planificado y, cuando sea necesario, aclarado jurídicamente?
Desconocemos aún esas proporciones.
Porque atraer capital será fundamental después de la experiencia en Venezuela.
No obstante, para reconstruir la República se requiere algo más: antes de la legitimación económica, trazabilidad; antes del estímulo, identificación.
Pensar en el alto coste de volver a equivocarnos, debe regir la iniciativa de hacer las cosas bien.
Referencias de trabajo
Carmen M. Reinhart y Miguel Ángel Santos, “From Financial Repression to External Distress: The Case of Venezuela”, NBER Working Paper No. 21333, julio de 2015, DOI: 10.3386/w21333.
Publicado posteriormente en Emerging Markets Finance and Trade, vol. 52, núm. 2 (2016), pp. 255–284.
Entrevista de Miguel Ángel Santos con César Miguel Rondón, “161 mil millones fugados de Venezuela: el cálculo que faltaba”, CMR HOY, agosto de 2026.
OECD, Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026: Harnessing the Integrity Advantage, OECD Publishing, París, 2026, DOI: 10.1787/16708b78-en.