Un integrante de la estructura de Los Chapitos estuvo presente en la finca Huertos del Pedregal el 25 de julio de 2024, el día en que fue asesinado el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y secuestrado el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.
Por infobae.com
Su testimonio, obtenido por el periodista Luis Chaparro de Pie de Nota apenas días antes de la detención de Fausto Corrales, contradice la versión de la muerte del exrector en la gasolinera, sitúa a Corrales como rehén y no como cómplice del crimen, y lanza una acusación directa contra el entonces vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Fausto Corrales el 19 de agosto de 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por encubrimiento en el homicidio de Cuén y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia. Este jueves un juez federal dictó prisión preventiva justificada y lo ingresó al Cefereso número 1, el Altiplano. Es la primera detención del caso en dos años.
La versión de la gasolinera que se derrumbó ante la FGR
El 25 de julio de 2024, Fausto Corrales declaró ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa que acompañó a Cuén porque el político no podía manejar tras una cirugía reciente.
Según ese relato, la mañana de este 25 de julio desayunaron en el área de Bacurimí, luego se trasladaron al campestre Condado de San Francisco a esperar unos abogados que nunca llegaron y, de regreso a Culiacán, se detuvieron a cargar combustible en la gasolinera de La Presita. Ahí, dijo Corrales, dos hombres en motocicleta los atacaron, Cuén forcejeó con uno de ellos y recibió disparos. Corrales lo trasladó a la clínica CEMSI Chapultepec, donde murió.
La Fiscalía de Sinaloa respaldó esa versión y presentó un video del supuesto ataque captado a las 21:57 horas. El video no tenía sonido. Los empleados de la gasolinera declararon que no escucharon ningún disparo, contrariando los hechos narrados.
Además, el cuerpo de Cuén presentaba cuatro heridas de bala en ambas piernas y un hematoma en la cabeza, pero el video solo mostraba un disparo. Las manchas de sangre en la zona de carga de la camioneta nunca fueron peritadas.
Fue así que la FGR atrajo el caso el 15 de agosto de 2024 y calificó la carpeta de “elementos no fidedignos”. La institución detectó que el cuerpo fue incinerado antes de agotar todas las pruebas forenses, una decisión que describió como “contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”.
La entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez renunció al cargo en septiembre de ese año, según ventiló el gobernador Rubén Rocha Moya, él mismo le sugirió que lo hiciera. Hasta la fecha, la exfuncionaria no ha sufrido alguna consecuencia por dicha investigación.
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