Más de 100 familias del campo exigen la revisión exhaustiva de expedientes y la restitución inmediata de sus predios tras la destitución del juez agrario Antonio Franco Tovar.
lapatilla.com
Un numeroso grupo de productores agrícolas y pecuarios del estado Apure acudió a la sede del Ministerio Público en San Fernando de Apure para exigir la intervención urgente de los organismos del Estado, ante los graves atropellos, agresiones físicas, violaciones a sus garantías constitucionales e irregularidades vinculadas a la tenencia de la tierra registradas en la región llanera.
El productor Luis Márquez hizo una denuncia pública contra el exjuez superior agrario, Antonio Franco Tovar, por la supuesta vulneración de sus derechos consagrados en los artículos 115 y 140 de la Constitución. Márquez aseveró que las autoridades locales se han negado a validar su propiedad privada, la cual cuenta con certificación emitida por el Instituto Nacional de Tierras (Inti).
Denunció que hay maniobras legales para viciar su derecho a la defensa, como la desestimación de sus apelaciones bajo argumentos falsos. Asimismo, Márquez enfatizó que este no representa un hecho aislado, sino una problemática sistemática.
Según sus declaraciones, ha existido una articulación entre circuitos judiciales locales y cuerpos de seguridad para amedrentar a los trabajadores del campo y despojarlos de sus tierras en beneficio de sectores privilegiados.
Desalojos arbitrarios y daños patrimoniales
Por su parte, Efraín Mendoza, vocero de los afectados, señaló que a pesar de tramitar expedientes ante el Inti desde el año 2001, las familias sufren hostigamiento de presuntos terratenientes.
Mendoza criticó la paralización de las causas en los tribunales agrarios, a pesar de haber agotado las vías administrativas y por eso exigió frenar de inmediato los desalojos injustificados.
Entre los testimonios más graves destaca el de Cándido Hidalgo, productor de la parroquia El Yagual, quien denunció la destrucción deliberada de corrales de ordeño, potreros y la explotación ilegal de madera en su predio por órdenes del exjuez Franco Tovar.
Hidalgo detalló que en marzo de 2022 su ganado fue expulsado a las carreteras, dejándolo expuesto al hambre y la sed, mientras sus portones eran asegurados con cadenas. Posteriormente, en diciembre del mismo año, se ejecutó su desalojo definitivo.
Llamado a la restitución de predios
Trina García, en representación de los afectados, hizo un llamado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Ministerio Público y a la Presidencia de la República para demandar la restitución inmediata de los predios. García denunció que durante su gestión, el exjuez ejecutó medidas cautelares irregulares que causaron la quiebra de productores, la deforestación de predios y el forjamiento de expedientes.
García exhortó a las víctimas a unificar sus voces para evitar que estos hechos queden impunes.