En una rueda de prensa ofrecida tras una asamblea con los trabajadores en el portón de San Isidro, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, denunció una escalada de persecución y hostigamiento contra la clase obrera y la directiva sindical legítimamente constituida.
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González cuestionó duramente la interposición de un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio, señalando que estas medidas carecen de fundamento legal y buscan coartar la autonomía sindical.
“Ese recurso de amparo que metieron no tiene derecho de existir y para eso utilizaron ocho abogados con la intención de amedrentar a Sintraferrominera. Nosotros somos los elegidos, estamos legalmente constituidos y que allí en Ferrominera nosotros conforme al artículo 87 del convenio de la OIT podemos tener la libertad y la autonomía sindical”, enfatizó.
Asimismo, el dirigente defendió la realización de la asamblea en el portón de la empresa, desmintiendo versiones sobre supuestas acciones violentas. “Nosotros no irrumpimos violentamente como lo quieren hacer ver ustedes. Nosotros lo único que hicimos fue atender a los trabajadores”.
Reclamos sobre la convención colectiva
El líder sindical hizo un llamado a la directiva de la empresa y exigió el respeto a los derechos consagrados en la normativa interna, denunciando el incumplimiento de compromisos económicos con los empleados.
“Nosotros tenemos una convención colectiva, esa convención colectiva tiene 210 cláusulas y eso es lo que estamos exigiendo que se cumpla. O se te olvida (…) que le adeudas todavía los pasivos laborales a los trabajadores, les adeudas lo que es el cheque abasto y todo ese retroactivo de ese beneficio”, recalcó, recordando además los principios de progresividad de los beneficios laborales consagrados en el artículo 89 de la Constitución.
Exigencia de garantías democráticas
Durante su intervención, González también vinculó la situación de los trabajadores de la industria básica con el contexto político nacional, abogando por un cambio estructural y la restitución del hilo constitucional en el país.
“Aquí no hay Estado de Derecho, y mientras no hay Estado de Derecho, todos esos inversionistas que van a venir aquí a Venezuela no pueden invertir porque no hay seguridad jurídica (…) Lo único que están haciendo y están expresando a viva voz a lo largo y ancho de nuestro país es que definitivamente se haga un cronograma electoral lo más pronto posible y que podamos tener unas elecciones libres y transparentes”, puntualizó.
González reiteró que se mantendrá firme en la defensa de los intereses de la masa laboral de Ferrominera Orinoco, amparado en el mandato otorgado por los trabajadores y en la legislación vigente.