La transición que requiere el país no puede entenderse como una simple reforma legislativa o un ajuste técnico; implica, forzosamente, el desmantelamiento de una red de intereses profundamente arraigada. Nos encontramos en una fase de transición política compleja e incómoda. Por ello, las expectativas de cambios deben ser moderadas y exigen un sentido lógico de espera estratégica.
Es fundamental reconocer que el caso venezolano trasciende la noción convencional de una dictadura. Enfrentamos lo que se conoce como un estado híbrido criminal, caracterizado por una fusión total donde las organizaciones delictivas ocupan la cúspide del poder político, utilizando la soberanía, la diplomacia y el monopolio de la fuerza pública para gestionar economías ilícitas a gran escala, lo que exige un desmantelamiento estructural y no una simple reforma administrativa. Más aun, no solo ocupan la cima del poder político, sino también la del económico y el militar-policial. Todo esto exige un desmantelamiento estructural y no una simple reforma administrativa.
A lo largo de los años, la sociedad venezolana y sus aliados democráticos han navegado por un laberinto de múltiples experiencias de negociación y diálogo, las cuales, lejos de concretar una apertura democrática, han sido sistemáticamente instrumentalizadas como tácticas dilatorias para ganar tiempo, fracturar a la oposición y relajar la presión internacional. Sin embargo, en este momento se presenta una diferencia sustancial respecto al pasado; un factor que altera radicalmente la dinámica de los habituales pactos a puertas cerradas y es que las maniobras del régimen han quedado plenamente expuestas ante la comunidad internacional. Los eventos ocurridos en el pasado reciente -desde el burdo fraude electoral en 2024, hasta la indolente respuesta pública durante la tragedia del doblete sísmico, donde fue la sociedad civil la que asumió la titánica responsabilidad de rescate y auxilio- han dejado meridionalmente claro que cualquier maquillaje institucional o lavado de cara cosmético es totalmente insuficiente para ocultar la naturaleza criminal de quienes ejercen el poder.
Los actores presentes en las negociaciones enfrentan una intensa presión geopolítica, principalmente por la activa participación de Estados Unidos. Esta dinámica externa colisiona y, a la vez, amplifica una profunda asimetría en la mesa de diálogo: los actores presentes carecen de la debida representatividad. Por un lado, la delegación opositora presenta una composición político-partidista que dista radicalmente del mandato ciudadano expresado en las Primarias de 2023; por el otro, los representantes del régimen responden únicamente al interés de mantenerse asidos al poder.
Esta desconexión erosiona la confianza pública y choca directamente con la aspiración ciudadana: los venezolanos no reclaman un nuevo pacto de cohabitación, sino una negociación seria y definitiva que comprenda que toda transición es, fundamentalmente, un acuerdo político de alto nivel. Solo bajo esta premisa se podrán establecer con absoluta claridad tanto las condiciones e incentivos para la salida del poder de la cúpula chavista como las salvaguardas indispensables para una transición ordenada.
A pesar de la impaciencia que genera el día a día y la urgencia de quienes sufren la crisis actual, el potencial de recuperación de Venezuela es enorme. La clave reside en evitar la falacia del “nirvanismo”, entendiendo que la perfección no es alcanzable en el corto plazo, pero que una solución pragmática, basada en reglas de juego sólidas y en el aprendizaje de otras transiciones exitosas (como algunas de la Europa poscomunista), es perfectamente viable.
El socialismo del siglo XXI: modelo de destrucción sistemática
La economía venezolana no ha sucumbido por factores accidentales, sino por una implementación deliberada de políticas con un claro enfoque ideológico, que desmantelaron sus pilares fundamentales. A lo largo de estos años, el denominado Socialismo del Siglo XXI erosionó sistemáticamente la propiedad privada, impuso regulaciones asfixiantes y promovió la informalización de la economía. En esencia, se instaló un sistema donde producir se convirtió en una actividad de alto riesgo, castigada por controles que impidieron la inversión y, en consecuencia, la creación de empleos bien remunerados.
El crecimiento desmedido del tamaño del Estado, la estatización de un millar de empresas, la imposición inconstitucional de una estructura comunal, el descontrol del gasto fiscal y la monetización del déficit fiscal complementaron este cuadro destructor. Al anular la independencia del Banco Central y recurrir a la emisión monetaria sin respaldo productivo, el régimen provocó una hiperinflación que aniquiló la capacidad adquisitiva de los trabajadores. El resultado ha sido un entorno donde las empresas privadas fueron llevadas a la quiebra o a reducir drásticamente sus operaciones, desplazando a la fuerza laboral hacia el empleo estatal de bajo rendimiento o hacia la informalidad desprotegida o en precariedad laboral.
Este grave desequilibrio financiero muestra su gravedad en el endeudamiento desproporcionado contraído durante la mayor bonanza petrolera de la historia venezolana (2004-2014). En este período, los ingresos masivos y sin precedentes generados por los altos precios del crudo no se tradujo en la formación de fondos de ahorro ni en inversión en infraestructura productiva, sino en una acumulación insostenible de pasivos externos y en el uso discrecional de los recursos públicos.
Superar la transición para consolidar un destino de libertad
Así, la economía de Venezuela atraviesa un momento crítico, marcado no solo por la acumulación de décadas de desaciertos encauzados ideológicamente, sino por la reciente tragedia de los sismos, que ha agravado la vulnerabilidad social. Sin embargo, es indispensable ir más allá de la coyuntura del desastre natural: el colapso del bienestar del ciudadano —reflejado en el deterioro de los servicios públicos y la pulverización del poder adquisitivo— es el resultado de un proceso sostenido de destrucción institucional iniciado hace más de un cuarto de siglo.
La tragedia de los terremotos recientes ha sido instrumentalizada por el régimen para intentar obtener financiamiento externo, apelando a organismos internacionales. Esta situación genera una inquietud legítima: ¿es posible que el régimen obtenga legitimidad y recursos bajo la excusa de la reconstrucción? Aunque existen presiones y diálogos en los que participan actores de diversos grupos políticos, la realidad es que cualquier inyección de capital sin una institucionalidad robusta corre el riesgo de ser distribuida bajo criterios clientelistas para afianzar al régimen. La falta de transparencia y de rendición de cuentas impide que la ayuda internacional se traduzca de manera eficaz en bienestar para el ciudadano de a pie.
El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, pero si un componente vital para la satisfacción de necesidades materiales de la sociedad y para el logro del tan ansiado desarrollo, el cual en nuestros días exige un ecosistema virtuoso donde converjan un robusto estado de derecho, la separación de poderes, el control de la corrupción, el derecho de propiedad, la libertad de empresa, la libertad de expresión y a los derechos humanos. La inversión privada, particularmente la de largo plazo, solo retornará si existe un entorno de garantías, transparencia y competitividad.
Venezuela tiene la oportunidad de dejar atrás la mezcla perversa de elementos criminales que hoy la atenazan para construir, finalmente, un destino de prosperidad, libertad y paz. La transición, aunque ruda y dolorosa, es el único camino hacia el capítulo siguiente: la reconstrucción de la nación.