Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos presionaron a las autoridades suizas para que cerraran sin sanciones penales la investigación por presunto blanqueo de capitales contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt López, y no han actuado sobre una orden de arresto suiza vigente en su contra, según un reportaje publicado este miércoles por The Washington Post.
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El diario sustenta su información en entrevistas con más de una docena de personas con conocimiento de la situación, entre ellas funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Casi todas hablaron bajo condición de anonimato. La Patilla no ha verificado de forma independiente estas afirmaciones.
Betancourt, de 46 años, residente en el Reino Unido y una de las caras visibles de Derwick Associates, no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos, Suiza, España ni Venezuela. Su abogado en Estados Unidos, Jon A. Sale, ha negado en ocasiones anteriores que su cliente haya cometido delito alguno. Los representantes del empresario no respondieron a las consultas de este medio.
Según el Post, las gestiones arrancaron semanas después del 3 de enero, cuando el ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro. La entonces fiscal general Pam Bondi conversó en febrero con su homólogo suizo, Stefan Blattler. Un mes más tarde, el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche participó en una llamada con fiscales suizos en la que, según las fuentes del diario, expresó que para Washington era importante que Betancourt pudiera viajar y que el caso se resolviera preferiblemente sin sanciones penales, aunque agregó que no deseaba interferir. Funcionarios del Departamento de Estado y de la división antifraude del Departamento de Justicia sostuvieron contactos adicionales con Berna y Zúrich en el mismo período.
El empresario fue detenido dos veces en Gran Bretaña durante 2025: primero por una orden española vinculada a una investigación de blanqueo, y en noviembre a solicitud de Suiza. Durante meses tuvo prohibido salir del Reino Unido.
El 13 de mayo la fiscalía de Zúrich retiró su solicitud de extradición al Reino Unido. En un comunicado citado por el Post, atribuyó la decisión a aspectos de la legislación británica de extradición que prefirió no detallar, y precisó que el proceso penal contra Betancourt sigue abierto. Ese mismo día, según fuentes del diario, el Departamento de Justicia estadounidense recibió una solicitud suiza para detenerlo en territorio norteamericano. No ha actuado sobre ella.
En junio, un subsecretario de Estado solicitó al consulado estadounidense en Londres una visa de entradas múltiples con validez de un año para el empresario. Desde entonces ha viajado al menos dos veces a Estados Unidos y ha usado aviones privados para desplazarse a Venezuela.
North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa de Betancourt, es hoy la segunda mayor productora privada de petróleo en Venezuela. Su producción pasó de 18.000 a cerca de 200.000 barriles en dos años, según el reportaje, que señala que la recuperación comenzó antes de la captura de Maduro.
Mauricio Claver-Carone, hasta hace poco asesor extraoficial sobre Venezuela de la administración Trump, describió al empresario como “invaluable para el gobierno de Estados Unidos”, sin dar más detalles.
Shane Stansbury, exfiscal del Distrito Sur de Nueva York, expresó al diario su desconcierto ante el hecho de que una persona señalada durante años en una investigación por blanqueo pueda ahora recibir un trato preferente de Washington.
Un alto funcionario del Departamento de Estado declinó comentar el papel de Betancourt, alegando confidencialidad sobre conversaciones diplomáticas y trámites de visado. El Departamento de Justicia tampoco comentó el caso, pero indicó que no es inusual que varias jurisdicciones investiguen a las mismas personas de forma simultánea, y que ello genera solicitudes de asistencia que deben evaluarse en el curso ordinario.
El expediente previo
Betancourt tenía poco más de 30 años cuando Derwick Associates obtuvo contratos para construir plantas eléctricas para el gobierno de Hugo Chávez, en plena crisis eléctrica. En la década siguiente adquirió participación en Petrozamora, empresa mixta con capital ruso.
En 2016, investigadores estadounidenses abrieron una pesquisa centrada en un esquema de préstamos en bolívares a Pdvsa reembolsados en divisas a tasa oficial. El caso derivó en cargos por lavado en el sur de Florida contra su primo Francisco Convit y otros, por un monto que los fiscales estimaron en 1.200 millones de dólares. En 2019, el Miami Herald identificó a Betancourt como conspirador no nombrado en esa denuncia. Ese año contrató a Rudy Giuliani para argumentar ante el Departamento de Justicia que no debía enfrentar cargos. También en 2019, la fiscalía de Zúrich abrió su investigación.
Su relación con el chavismo se rompió en 2020, cuando el gobierno confiscó su participación en Petrozamora y congeló sus activos. Según personas cercanas a él en ese momento citadas por el Post, respondió actuando contra Maduro y financiando a la oposición política. El reportaje no identifica a qué sectores, partidos o dirigentes habría dirigido esos fondos, ni precisa montos o fechas.
En 2023 regresó a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta. Según dos fuentes del diario, ella le propuso un acuerdo: experiencia técnica y compromiso de mantenerse al margen de la política a cambio de garantías de seguridad y la oportunidad de reconstruir Petrozamora, luego rebautizada NABEP. Ese mismo año se desestimó una investigación venezolana en su contra.