“Al que se le ocurra pasar, se muere”, amenaza el general de Brigada José Gregorio Viloria Arcaya, jefe del comando de zona No 11 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en un video compartido en redes donde aparece haciendo un recorrido en bicicleta por Castillete, punto neurálgico de la frontera con Colombia en el estado Zulia.
Por Pedro Pablo Peñaloza | Infobae
Los productores de la región dicen que ese tono desafiante dista mucho de la realidad que padecen con unos cuerpos de seguridad que miran hacia otro lado, mientras guerrilleros colombianos y venezolanos ejercen el control en los municipios fronterizos, aumentando la extorsión.
“Precisamente por estos días están peinando la zona”, comenta un ganadero sobre el despliegue de los grupos irregulares. “Nos están pidiendo que les demos un maute (novillo o ternero, bovino que ha pasado la etapa de destete) de 250 kilos o 700 dólares, refiere el hombre, que resguarda su identidad por temor a represalias.
La presencia de guerrilleros en el estado Zulia no tiene nada de novedoso. “Desde hace más de 50 años están aquí. Zulia, al igual que los estados Táchira y Apure, es el aliviadero de esos grupos irregulares, que se instalan en la zona para burlar la persecución de las autoridades colombianas”, describe un productor agropecuario.
Sin embargo, en los últimos meses algo ha cambiado. El operativo militar contra el narcotráfico ordenado por la administración de Donald Trump en el Caribe, estaría obligando a estas organizaciones delictivas a reorientar sus actividades y ampliar sus fuentes de financiamiento, incrementando de esa manera la presión sobre los dueños de las unidades de producción en el campo zuliano.
“A raíz de la persecución de Estados Unidos, atacando lanchas y avionetas, a los guerrilleros se les ha limitado mucho su accionar y estamos viendo que se han dedicado a volver a las zonas ganaderas. En estos momentos tenemos una presencia mucho mayor en todos los municipios, especialmente en Villa del Rosario, Machiques de Perijá, Semprún y Colón”, detalla la fuente.
Estiman que 80% de los irregulares responden al Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que el 20% restante forma parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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