La política migratoria de la administración de Donald Trump ha dejado en los últimos meses una sucesión de casos de venezolanos detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos estados de Estados Unidos, en circunstancias que van desde viajes familiares y jornadas laborales hasta actividades comunitarias, ejercicio del periodismo y procesos de asilo todavía pendientes.
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Uno de los primeros casos que generó repercusión recientemente fue el de Bryan José Rojas Galofre, un venezolano que viajó desde Wisconsin hasta Florida junto a su esposa estadounidense, Socorro Zaragosa. La pareja quería disfrutar de una luna de miel y ella, simpatizante de Donald Trump, tenía además el deseo de conocer al mandatario. El viaje terminó con Rojas detenido por autoridades migratorias.
El caso se volvió todavía más llamativo porque Rojas tenía una solicitud de asilo pendiente y dos hijos estadounidenses. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el venezolano no había sido condenado por delitos graves, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo otra versión y lo calificó de inmigrante ilegal con antecedentes, además de señalar que había sido detenido después de intentar ingresar al Trump National Doral con una pistola de balines.
En Texas, otro episodio quedó registrado en una videollamada que terminó convertida en despedida. Alejandro Almeida, padre de familia venezolano con un proceso migratorio activo, fue detenido junto a un compañero durante una parada de tráfico mientras viajaban por motivos laborales hacia Midland. Su esposa permanecía conectada por videollamada cuando el hombre le avisó: “Amor, me van a llevar preso”. Antes de ser trasladado, intentó dejar instrucciones para su familia y le dijo: “Amor, te amo mucho. Me cuidan al niño”.
Asimismo, en julio fue detenido en El Paso Jorge Vilchez, propietario del restaurante Caracas Latin Food. El venezolano se había hecho conocido por encabezar esfuerzos para recolectar ayuda destinada a las víctimas de los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio. Su familia informó que permanece bajo custodia de ICE mientras su solicitud de asilo continúa pendiente y aseguró que no posee antecedentes penales.
Otro caso terminó de manera mucho más grave. Jesús Manuel Arenas Silva, de 45 años, murió el 13 de julio mientras era trasladado en autobús entre dos centros de detención de ICE en Georgia, apenas cuatro días después de su arresto. La agencia informó que fue encontrado inconsciente y llevado a un hospital, donde murió poco después; inicialmente señaló que se sospechaba de un paro cardíaco, aunque aclaró que la causa oficial dependía de un examen médico.
La familia de Arenas Silva cuestionó esa versión y puso el foco en su atención médica. Su hermana afirmó que había advertido a ICE sobre los medicamentos que necesitaba y aseguró que las autoridades no le permitieron llevar consigo el tratamiento completo. La denuncia abrió interrogantes sobre las condiciones en las que permaneció detenido durante los días previos a su muerte.
La ofensiva migratoria también alcanzó al periodista venezolano Wilmer Solano, detenido el 26 de julio mientras trabajaba en la zona de Haulover Beach, en Miami Beach. Su gremio y familiares señalaron que tenía una solicitud de asilo pendiente, permiso de trabajo y licencia de conducir de Florida, además de no registrar antecedentes penales; el DHS respondió que esos documentos no equivalen a un estatus migratorio legal y sostuvo que permanecería bajo custodia mientras avanzaba su proceso de deportación.
En Florida también terminó detenido Adonys Francisco Mata Martínez, un venezolano que había alcanzado reconocimiento en una de las grandes competencias de freestyle. El caso llamó la atención precisamente porque el joven había conseguido destacar en una disciplina artística antes de quedar atrapado en los operativos migratorios de ICE, una situación que convirtió el salto desde el escenario hasta un centro de detención en un inesperado giro para su carrera.
Otro venezolano, Leonel Armando Bolívar Linares, fue detenido cuando se dirigía a trabajar en una escuela de Florida. El episodio volvió a poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones de las familias migrantes: que una actividad cotidiana, como trasladarse al trabajo, pueda terminar en un procedimiento de inmigración cuando la persona tiene un expediente migratorio abierto o una situación que las autoridades consideran irregular.
En Nueva York, otro operativo quedó registrado en video y mostró a agentes persiguiendo a un venezolano hasta acorralarlo antes de detenerlo. Las imágenes difundidas en redes sociales añadieron un componente particularmente llamativo a una cadena de arrestos que durante las últimas semanas ha tenido como escenario calles, vehículos, lugares de trabajo y controles de las autoridades migratorias.
Y el caso más reciente volvió a tener como escenario Texas. Reny Jesús Colina Torres, venezolano de 27 años, trabajaba como músico y tenía el sueño de formar su propio grupo de mariachi cuando fue detenido por ICE. Colina, quien solicitó asilo y cuenta con permiso de trabajo, permanece en el Centro de Procesamiento de ICE en Pearsall, mientras familiares y músicos de San Antonio intentan conseguir asistencia legal para su liberación.
La historia de Colina tiene además un elemento especialmente sensible: su familia sostiene que llegó a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y que ahora su proyecto musical quedó paralizado por la detención. Sus compañeros han iniciado acciones para respaldarlo, en un caso que recuerda que detrás de las estadísticas de arrestos hay trabajadores, padres, periodistas, artistas y personas que habían construido una vida en Estados Unidos.
Los casos se producen mientras ICE intensifica sus operaciones y mientras organizaciones defensoras de migrantes cuestionan el alcance de las detenciones. En el sur de Florida, grupos de derechos humanos han denunciado un incremento de arrestos y han puesto como ejemplo el caso de Solano, mientras el gobierno federal insiste en que las personas sin un estatus migratorio válido pueden permanecer bajo custodia mientras se resuelven sus procedimientos.
Para la comunidad venezolana, el resultado es una creciente sensación de incertidumbre: algunos fueron detenidos mientras trabajaban, otros durante viajes, otros tenían solicitudes de asilo pendientes y, en el caso de Arenas Silva, la detención terminó con una muerte cuya atención médica previa sigue bajo cuestionamiento familiar. En medio de la ofensiva migratoria de Washington, cada uno de estos expedientes avanza por vías legales diferentes, pero todos han dejado una misma preocupación entre sus allegados: que una vida construida en Estados Unidos pueda quedar suspendida de un momento a otro.