Arcadia Foundation hizo pública este jueves una carta abierta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en la que sostiene que la nueva relación energética entre Washington y Venezuela no debe limitarse al petróleo, sino transformarse en el punto de partida de una alianza estratégica capaz de abordar una de las causas históricas y de integridad territorial más importantes de la nación venezolana: la controversia sobre el Esequibo.
En el comunicado, firmado por Robert Carmona-Borjas, CEO de la organización, Arcadia señala que el escenario geopolítico abierto tras los acontecimientos de 2026 sitúa a la administración estadounidense en una posición de influencia inédita sobre ambas partes. Por ello, instan a Washington a utilizar su peso político y económico para sentar a Guyana y a Venezuela en una negociación bilateral seria, inmediata y orientada a lograr un acuerdo justo y duradero antes de que la Corte Internacional de Justicia emita un fallo definitivo.
La organización argumenta que los proyectos de desarrollo y acuerdos energéticos a largo plazo —algunos proyectados hasta por un siglo— requieren seguridad jurídica, estabilidad política y certidumbre territorial en la región. Asimismo, la misiva remarca que, si bien el petróleo abre un canal comercial de mutuo beneficio, respaldar una solución negociada al Esequibo demostraría una comprensión profunda de los intereses permanentes del pueblo venezolano, consolidando una alianza histórica entre ambas naciones.
Texto íntegro de la comunicación
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP
El petróleo abre una nueva relación comercial; el Esequibo puede convertirla en una alianza histórica
Washington, D.C., 3 de septiembre de 2026
Señor Donald J. Trump
Presidente de los Estados Unidos de América
La Casa Blanca
Washington, D.C.
Estimado Señor Presidente:
El 3 de enero de 2026 abrió para Venezuela una posibilidad histórica que durante demasiados años pareció inalcanzable. La captura de Nicolás Maduro quebró el centro de un sistema de poder que había devastado al país, expulsado a millones de venezolanos y convertido una de las mayores riquezas energéticas del mundo en instrumento de supervivencia política, subsidio ideológico y dependencia frente a gobiernos cuyos intereses poco tenían que ver con los intereses permanentes de Venezuela.
Durante décadas, el petróleo venezolano fue apartado de los intereses permanentes de la Nación y convertido en instrumento de poder político exterior. Sirvió para sostener la economía de Cuba, satisfacer compromisos crediticios con China en condiciones profundamente desfavorables y, mediante Petrocaribe, suministrar a numerosos gobiernos del Caribe y Centroamérica petróleo financiado durante décadas en términos excepcionalmente concesionales. Presentado como la apariencia de un programa de solidaridad e integración regional, Petrocaribe lo que hizo fue crear una profunda dependencia energética y financiera que el chavismo transformó en influencia diplomática, respaldo político y protección de su tiranía en los organismos internacionales. Esa red de dependencias, favores y lealtades contribuyó decisivamente a que el chavismo pudiera prolongar su supervivencia durante décadas. El acuerdo energético anunciado por usted el 28 de agosto pertenece a una lógica enteramente distinta: los Estados Unidos poseen el capital, la tecnología, los mercados y la capacidad empresarial necesarios para devolver el petróleo venezolano a su verdadero propósito económico, contribuir a la reconstrucción de una industria llevada al deterioro extremo y hacer de esa riqueza un instrumento de prosperidad para Venezuela y de beneficio legítimo para ambas naciones.
Una relación energética sólida entre Venezuela y los Estados Unidos puede servir legítimamente a ambos países: ampliar la seguridad energética estadounidense, devolver capacidad productiva a Venezuela, reconstruir infraestructura, generar riqueza y reincorporar al país al espacio económico occidental del cual nunca debió separarse.
Pero la reconstrucción de Venezuela no puede terminar en sus campos petroleros. Existe una cuestión nacional cuya solución pertenece igualmente al restablecimiento de la soberanía, la dignidad y los intereses permanentes de la República: el Esequibo.
Para Venezuela, el Esequibo es una cuestión de justicia histórica y de integridad territorial. Su origen se encuentra en el siglo XIX, cuando una República debilitada por guerras, inestabilidad y precariedad institucional tuvo que enfrentar la expansión territorial del Imperio británico, entonces una de las mayores potencias del mundo. La desigualdad entre ambos Estados era manifiesta y terminó proyectándose sobre el mecanismo mediante el cual se decidiría la controversia.
La intervención de los Estados Unidos consiguió finalmente que Gran Bretaña aceptara someter la cuestión a arbitraje. Sin embargo, la composición del órgano llamado a decidir estuvo marcada por una asimetría abismal difícil de ignorar: Gran Bretaña contó con dos árbitros británicos, mientras Venezuela no tuvo ni un solo árbitro venezolano y debió confiar la representación de sus intereses a dos juristas estadounidenses; un quinto árbitro, de nacionalidad rusa, presidió el procedimiento. Así, una de las partes estuvo directamente representada por nacionales propios dentro del órgano decisor, mientras la otra vio sometida una cuestión esencial de su integridad territorial a una instancia en la que ningún venezolano participaba como árbitro. Ese tribunal dictó en París, en 1899, un laudo que adjudicó a Gran Bretaña la mayor parte del territorio controvertido sin ofrecer una motivación capaz de explicar adecuadamente una decisión de semejante trascendencia para Venezuela.
Décadas más tarde, Severo Mallet-Prevost, abogado estadounidense que había formado parte del equipo jurídico encargado de defender los intereses venezolanos durante aquel arbitraje, dejó un memorando publicado después de su muerte en el que sostuvo que el desenlace había estado condicionado por entendimientos y presiones políticas dentro del propio órgano arbitral. Aquellas revelaciones contribuyeron a que Venezuela llevara formalmente la cuestión ante las Naciones Unidas en 1962 y a que, cuatro años después, el Reino Unido suscribiera con Venezuela, en consulta con la entonces Guayana Británica, el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Ese tratado no trató la controversia como un asunto extinguido. Reconoció su existencia y estableció un mecanismo dirigido a encontrar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. El Acuerdo de Ginebra no fue concebido para administrar indefinidamente un desacuerdo, sino para resolverlo.
La historia venezolana posterior agravó el problema. Hugo Chávez subordinó en momentos decisivos la tradicional defensa del Esequibo a su alianza con Fidel Castro, a su búsqueda de influencia sobre los gobiernos del Caribe y a una política exterior crecientemente sometida a las prioridades de La Habana. Cuba había apoyado históricamente la posición guyanesa en la controversia, y la aproximación de Chávez a Georgetown terminó debilitando políticamente una causa que anteriores gobiernos venezolanos habían preservado con mayor consistencia.
La posición expresada por Chávez en Guyana en 2004, al reducir la oposición venezolana a determinados proyectos desarrollados en el territorio reclamado, facilitó la consolidación económica de Guyana. Ningún presidente podía disponer jurídicamente del territorio nacional mediante declaraciones políticas, pero sí podía debilitar la capacidad del Estado para defender sus intereses. Eso ocurrió, y sus consecuencias todavía pesan sobre Venezuela.
La nueva etapa iniciada el 3 de enero permite corregir también ese legado. Una Venezuela liberada de la subordinación cubana debe recuperar una política exterior fundada exclusivamente en sus propios intereses nacionales. Esa recuperación quedaría incompleta si el Esequibo continuara siendo tratado como una controversia destinada simplemente a sobrevivir de generación en generación.
Los Estados Unidos ocupan hoy una posición excepcional para contribuir a cambiar ese desenlace. Washington posee una influencia determinante sobre la recuperación económica y energética venezolana y mantiene, al mismo tiempo, una relación estratégica de extraordinaria importancia con Guyana, incluida la presencia de grandes compañías estadounidenses en su industria petrolera. Ningún otro actor internacional reúne una capacidad comparable de influencia sobre ambos países.
Esa circunstancia adquiere todavía mayor importancia cuando se observa el horizonte de la nueva relación energética. El entendimiento anunciado no ha sido concebido como una operación pasajera: se ha hablado de una asociación proyectada durante décadas y de derechos de desarrollo sobre determinados campos que, según lo divulgado, podrían extenderse hasta cien años. Una presencia económica pensada para generaciones necesita algo más que reservas, capital y contratos; necesita estabilidad política, seguridad jurídica y certidumbre territorial. Carecería de sentido construir una asociación estadounidense de semejante duración con Venezuela mientras permanece abierta, precisamente en su frontera oriental y junto a una de las provincias petroleras más importantes del hemisferio, la principal controversia territorial de la República.
Resolver el Esequibo no es, por tanto, un asunto extraño a la nueva relación energética. También interesa a la estabilidad de las inversiones estadounidenses presentes y futuras, tanto en Venezuela como en Guyana. Si los Estados Unidos aspiran a ser socios de Venezuela durante las próximas generaciones, tienen un interés evidente en que la Venezuela con la cual se asocien entre en ese futuro con sus grandes cuestiones nacionales resueltas, además de la restauración de su democracia y el estado de derecho.
Un acuerdo petrolero puede vincular intereses durante años; una decisión de Estado puede unir a dos naciones durante generaciones. Los Estados Unidos poseen hoy la autoridad política y la influencia necesarias para sentar a Guyana en una misma mesa con Venezuela y hacer de una negociación bilateral verdadera una realidad ineludible. Washington no tendría que decidir la frontera, adjudicar territorio ni sustituir la voluntad soberana de ninguno de los dos países. Le bastaría con utilizar el peso político, económico y estratégico que posee para conseguir que ambos Estados negocien directamente y que esa negociación no sea una formalidad diplomática, sino un proceso destinado a producir un acuerdo.
Durante demasiado tiempo, Venezuela ha visto cómo la ventaja acumulada por Guyana, los hechos consumados y el transcurso de los años estrechaban progresivamente el espacio para una solución justa. La estrecha relación de Georgetown con Washington no debería convertirse ahora en una protección frente a la negociación; puede convertirse, por el contrario, en el instrumento que finalmente la haga posible.
Si ello ocurriera gracias al liderazgo estadounidense, la relación con Venezuela adquiriría una dimensión que ningún acuerdo comercial, por importante que fuese, podría alcanzar por sí solo. Estados Unidos demostraría que su interés en Venezuela no termina en sus reservas petroleras, en sus mercados o en las oportunidades de inversión, sino que comprende también los intereses permanentes de la Nación y reconoce la importancia de una cuestión que afecta directamente su integridad territorial y su memoria histórica.
Esa diferencia es esencial. Una potencia puede comerciar con un país durante décadas sin llegar jamás a convertirse en su verdadero aliado. La alianza comienza cuando los intereses esenciales del otro dejan de ser asuntos ajenos. Si Washington contribuye a crear las condiciones para que Venezuela y Guyana alcancen entre ellas una solución justa y definitiva, los venezolanos podrán ver en los Estados Unidos no solamente al socio que participó en la recuperación de su industria energética, sino al país que comprendió que Venezuela significaba algo más que la riqueza existente bajo su suelo.
El momento para actuar es especialmente sensible. La Corte Internacional de Justicia ya ha escuchado los argumentos sobre el fondo y todavía no ha pronunciado sentencia. Después de un fallo, las posiciones pueden endurecerse y el espacio para una solución negociada reducirse considerablemente. Antes de que eso ocurra, subsiste la posibilidad de recuperar el propósito esencial del Acuerdo de Ginebra: que Venezuela y Guyana encuentren una solución capaz de cerrar realmente la controversia.
Por esa razón, Arcadia Foundation exhorta a su Administración a utilizar desde ahora la extraordinaria influencia de los Estados Unidos para sentar a Guyana en una misma mesa con Venezuela en una negociación bilateral seria, inmediata y orientada a alcanzar un acuerdo.
Señor Presidente, los venezolanos recordarán el 3 de enero como el comienzo de una historia distinta. La recuperación energética puede devolver prosperidad a Venezuela y abrir para los Estados Unidos una relación estratégica de enorme valor. Pero existe la posibilidad de hacer algo todavía más perdurable: demostrar que esa relación no nació únicamente porque Venezuela posee petróleo, sino porque existe una coincidencia más profunda entre dos naciones llamadas a compartir intereses, seguridad y futuro.
De conseguirlo, los Estados Unidos habrán contribuido no sólo a la recuperación económica de Venezuela, sino también a que una injusticia histórica encuentre finalmente el camino hacia su reparación.
El petróleo abre una nueva relación comercial. El Esequibo puede convertirla en una alianza histórica.
Robert Carmona-Borjas
Chief Executive Officer
Arcadia Foundation
Aquí un enlace al documento original: https://