La estrategia fiscal llevada a cabo por las comunidades autónomas gobernadas por el PP para desmontar o cuando menos limitar el radio de acción del Impuesto de Patrimonio -una figura que el principal partido de la oposición juzga obsoleta- empieza a mostrar sus efectos. Un informe publicado este miércoles por el Ministerio de Hacienda desvela un retroceso sustancial del número de contribuyentes obligados a pagar el impuesto en las regiones que han aprobado reformas legales para minimizar su incidencia en los últimos años: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura y la Región de Murcia. Las medidas adoptadas por los gobiernos de esas autonomías han eximido a cerca de 40.000 ciudadanos de pagar el impuesto, según los datos que proporciona el informe… Ver Más