Hay muchas certezas que quedaron al descubierto el 3 de enero de 2026. Una de ellas: Estados Unidos sí se atrevió a usar su capacidad militar para alterar el equilibrio del poder en Venezuela. Ese día cayó la tesis del levantamiento del pueblo en armas contra el invasor y del surgimiento de un movimiento gigantesco de los pueblos del mundo en favor del déspota, como señalaban sus lava calzones. El vértice del poder fue alcanzado, extraído y removido en cuestión de horas, sin que mediara ni un triqui traqui por parte del para entonces ministro de defensa, hoy pasado a la clandestinidad del ministerio de agricultura y tierras, con chiva de guerrilla sesentona y todo.
Sin embargo, el dato político que define el presente es lo que ocurrió al segundo siguiente: la estructura sobrevivió. Esa paradoja exige liquidar cualquier ilusión analítica. No estamos ante una transición democrática ni ante la resistencia heroica de un régimen que se sostiene por fuerza propia. La realidad es mucho más seca y categórica: a este gobierno lo mantiene en pie Estados Unidos. No es una hipótesis ni una metáfora. Es una mecánica de poder.
Después del 3 de enero, el gobierno venezolano quedó reducido a lo que siempre ha sido en su etapa terminal: un muerto en vida gracias a los aparatos a los cuales lo mantienen conectado —como describí en su momento en “El caso del señor Valdemar”—, desprovisto de respaldo popular, sin solvencia financiera y con una capacidad nula para movilizar a la sociedad en su defensa. En condiciones normales de gravedad política, una estructura en ese estado de vulnerabilidad absoluta es un objetivo inmediato. No hace falta una invasión masiva; basta un soplido para que el castillo de naipes se desplome. Si nadie ha soplado la vela no es porque el edificio sea fuerte. Es porque todo el mundo sabe quién la mantiene encendida.
Estados Unidos no necesita gobernar Venezuela ni transferirle legitimidad para sostener a su junta administradora. Le basta con colocar sobre ella una campana de vidrio. Su capacidad de intervención y su posición en el sistema regional hacen que ningún actor relevante pueda ignorar el costo de intentar alterar por su cuenta el equilibrio posterior al 3 de enero. La protección de la potencia sustituye a la fuerza interna que el chavismo ya no posee. Por eso la pregunta correcta no es por qué el gobierno no cae, sino qué obtuvo Estados Unidos —o algunos de sus interlocutores— a cambio de decidir que no caiga. Ahí es donde la operación del 3 de enero deja de ser un evento militar para adquirir una dimensión transaccional de alcance geopolítico mucho más profunda.
Lo que se sabe
Antes de la captura de Maduro, existían conversaciones entre sectores de la administración Trump, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. The Guardian reportó, citando cuatro fuentes, que los Rodríguez enviaron mensajes a funcionarios de Estados Unidos y Qatar, a través de intermediarios, garantizando cooperación con Washington una vez Maduro fuera removido. Las comunicaciones comenzaron en el otoño de 2025 y se intensificaron después de que Trump exigiera a Maduro, en noviembre, que dejara el poder. Para diciembre, Delcy Rodríguez envió un mensaje claro: “Maduro tiene que irse”. Otra fuente la citó diciendo: “Trabajaré con lo que sea el después”.
The Washington Post informó que el Vaticano intentó negociar una salida. El cardenal Pietro Parolin convocó al embajador estadounidense en Nochebuena para proponer un asilo en Rusia con garantía de Putin. Una fuente dijo: “Lo que se le propuso a Maduro fue que se fuera y pudiera disfrutar de su dinero”. Maduro rechazó la oferta, convencido de que Estados Unidos no se atrevería a intervenir militarmente.
En octubre de 2025, The Miami Herald publicó que Delcy Rodríguez exploraba negociaciones —con Qatar— para encabezar una transición si Maduro se retiraba. Ella lo negó. El diario nunca se retractó. En diciembre, The New York Times reportó que Estados Unidos ofreció a Maduro un exilio de lujo en Turquía, y que Maduro pidió un período de transición de dos a tres años, oferta que la Casa Blanca rechazó. El gobierno turco lo negó. El Times nunca se retractó. El patrón es el mismo: la información se publica, los involucrados la niegan, los diarios la mantienen. Eso no es un rumor. Es periodismo confirmado: en estas redacciones, la revelación de acuerdos de esta escala pasa por rigurosos filtros legales y por la triangulación independiente de múltiples fuentes. La desmentida oficial es el protocolo político para contener el impacto público; la no retractación del medio es la prueba de que el respaldo probatorio se sostiene.
The Guardian señala que Marco Rubio, inicialmente escéptico, terminó viendo a los Rodríguez como “la alternativa menos mala” para evitar un vacío de poder. Qatar aparece sistemáticamente como intermediario: funcionarios cataríes jugaron un papel en las discusiones, citando los estrechos vínculos de Delcy Rodríguez con la familia gobernante de aquel país. Aliado clave de Estados Unidos, Qatar utilizó su acceso en Washington para facilitar negociaciones discretas entre los Rodríguez y la administración Trump. Reuters informó que los ingresos iniciales de las ventas de petróleo —500 millones de dólares— fueron depositados en una cuenta en Qatar, y que 300 millones fueron notificados a cuatro bancos para vender divisas. El 14 de enero, Trump declaró que su conversación con Delcy había sido “excelente” y la relación con Venezuela “muy buena” en petróleo, minerales, comercio y seguridad. Al día siguiente, la Casa Blanca afirmó que el gobierno de Delcy había cumplido las exigencias estadounidenses.
¿Transición o transacción?
Cubierta la enumeración de hechos, la pregunta es inevitable: si Estados Unidos tenía capacidad para capturar a Maduro y, después de hacerlo, no desmontó la estructura sino que escogió trabajar con ella, no estamos ante una transición. Estamos ante algo diferente. Una transición supone que el poder anterior es sustituido por otro. Una transacción supone que partes de ese poder son conservadas porque forman parte del precio de una operación. Maduro pudo haber sido el precio. La pieza entregable que permitió a Washington proclamar una victoria pública mientras se preservaban elementos esenciales de la arquitectura de poder venezolana.
El reordenamiento alrededor de Delcy Rodríguez, la permanencia de Jorge Rodríguez y la continuidad de estructuras fundamentales del aparato estatal no son el resultado natural de una ruptura revolucionaria. Son hechos que obligan a preguntarse qué fue negociado. Porque si el objetivo era destruir el aparato, ¿por qué sobrevivió buena parte de él? No es que el gobierno venezolano garantice estabilidad. Es Estados Unidos quien le brinda estabilidad al gobierno. Por sí solo, después de la captura, es un cascarón vacío que se sostiene porque la potencia que demostró tener la fuerza para derribarlo ha decidido, por ahora, no permitir que otros lo hagan.
Y los hechos posteriores hacen todavía más difícil separar la operación política de su dimensión económica. En enero, Washington ya hablaba de un plan de 100.000 millones de dólares para reconstruir la industria energética venezolana y Reuters reportaba que unos 500 millones de dólares obtenidos de ventas de petróleo estaban bajo control estadounidense, con la cuenta principal ubicada en Qatar. Después vino la reforma petrolera, el acuerdo de suministro de 50 millones de barriles y la apertura del sector a la inversión extranjera. En julio, Washington presionaba a las empresas para incorporarse a un plan de reconstrucción energética de 100.000 millones. En agosto llegó el salto cualitativo: Trump anunció un acuerdo mediante el cual Estados Unidos tendría control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas. El acuerdo contempla, según la Casa Blanca, concesiones de hasta cien años sobre 17 campos estratégicos —Delcy Rodríguez, en cambio, ha hablado de 25 años en declaraciones públicas— y, según Caracas, unos 100.000 millones de dólares de inversión y hasta 209.000 millones en ingresos fiscales. Reuters informó después que la estructura estadounidense incluye una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP, protegida contra dilución mediante opciones de compra a precio simbólico (“penny warrants”), y que el Pentágono conserva un derecho de primera oferta sobre parte de la producción.
Si esto no forma parte de la transacción, habrá que explicar qué diablos significa entonces la palabra.
El tiempo también se negoció
El tiempo fue parte del precio. La dirigencia sobreviviente no solo conservó posiciones. Consiguió tiempo: para reorganizar el aparato, reordenar el sector petrolero, asegurar activos, garantizar que determinados actores no fueran perseguidos, y para que Washington obtuviera lo que necesitaba sin lidiar con una transición democrática inmediata. Ese tiempo se ha justificado con la necesidad de “condiciones” para elecciones. Apelar a que en Venezuela no se pueden organizar elecciones hasta que el país se reinstitucionalice es quimérico y abusivo. Nadie exige perfección noreuropea para votar en Estados Unidos, Colombia o España. Exigirla para Venezuela es una coartada, no una condición. El tiempo comprado no es para construir instituciones. Es para administrar el statu quo mientras las partes ordenan sus intereses. El ciudadano no ha sido convocado a decidir su futuro. Su futuro se decide en una mesa donde no tiene representación.
El pueblo quedó fuera
Es una transacción entre partes negadas a devolverle al ciudadano el poder de decidir. Una gestión del poder administrada para que los grandes actores terminen de ordenar sus intereses. Por eso la población venezolana fue simultáneamente la gran protagonista moral de la caída de Maduro y la gran ausente de la negociación posterior. El venezolano no necesitaba que le sustituyeran un administrador por otro. Necesitaba recuperar la capacidad de decidir sobre su propio Estado.
Qatar, el custodio
En esa arquitectura, la presencia de Qatar deja de ser una curiosidad diplomática. Doha posee las relaciones que permiten conversar con actores que públicamente no pueden sentarse juntos. Si además aparece vinculado a los canales de negociación y a mecanismos financieros relacionados con el petróleo, su papel merece más que una nota al pie. No hace falta afirmar que Qatar sea formalmente el garante de un pacto secreto para entender la pregunta. Sin embargo, lo afirmo. Qatar sería el tipo de actor que podría custodiar canales, facilitar garantías y administrar consecuencias sin exhibir el contenido del arreglo.
El resultado es un espectáculo funcional: el tiempo de la transición no lo marca la aspiración de un pueblo desarmado, sino la correlación de fuerzas entre quienes tienen capacidad de decisión. Y esa correlación tiene un nombre dominante: Estados Unidos.
La campana de vidrio
El gobierno no está en pie porque mande, porque convenza o porque resista, sino porque la potencia que demostró tener la fuerza para derribarlo no ha permitido que otro complete el derrumbe. Estados Unidos no necesita administrar cada ministerio ni designar cada funcionario: le basta con conservar el poder de impedir que alguien más termine la tarea. La pregunta incómoda no es por qué Venezuela no ha terminado de cambiar, sino qué precio está cobrando Estados Unidos —o algunos de sus interlocutores— por mantener la campana sobre la vela.
Fuentes periodísticas citadas
- The Guardian: conversaciones secretas entre los Rodríguez y funcionarios de EE.UU. y Qatar (22 de enero de 2026).
- The Washington Post: intento del Vaticano de negociar asilo en Rusia; reunión del cardenal Parolin con el embajador de EE.UU. ante la Santa Sede el 24 de diciembre de 2025 (enero de 2026).
- The New York Times: oferta de exilio en Turquía y período de transición de 2 a 3 años. Nunca se retractó.
- The Miami Herald: negociaciones de Delcy Rodríguez con Qatar para encabezar una transición (octubre de 2025). Ella lo negó. Nunca se retractó.
- Reuters (16 de enero de 2026): 500 millones de dólares depositados en cuenta en Qatar; plan de 100.000 millones para reconstruir la industria energética.
- Reuters (27 de enero de 2026): reforma petrolera y acuerdo de suministro de 50 millones de barriles.
- Reuters (30 de julio de 2026): Washington impulsa plan de 100.000 millones de dólares para reconstrucción energética.
- Reuters (28 de agosto de 2026): Trump anuncia acuerdo petrolero; EE.UU. tendría participación mayoritaria sobre 65.000 millones de barriles.
- Reuters (31 de agosto de 2026): análisis del acuerdo; expertos cuestionan transparencia y legalidad. La Casa Blanca habla de concesiones a 100 años; Delcy Rodríguez, en declaraciones públicas, de 25 años. NABEP proyecta hasta 100.000 millones de inversión y hasta 200.000-209.000 millones en regalías e impuestos en 25 años.
- Reuters (2 de septiembre de 2026): Chevron, Eni y GE Vernova amplían proyectos.
- Reuters (4 de septiembre de 2026): EE.UU. estructuró su participación del 35% en NABEP mediante “penny warrants” para protegerla de dilución; el Pentágono tiene derecho de primera oferta sobre la producción (20% a precio de costo); Eni firma acuerdo de 25 años para Junín 5; Grupo Gilinski y GeoPark firman acuerdo de 25 años para el campo Bare.
Nota al margen
A mí no me ruboriza que se haya negociado todo esto. Me parece de lo más normal. Lo que resulta francamente estúpido es pretender analizarlo como si no se hubiera negociado. Lo que molesta es la desnutrida capacidad analítica de algunos reputados interlocutores periodísticos que asumen que los representantes del gobierno norteamericano son retardados mentales o personas lentas, muy bien intencionadas, víctimas de las villanías de los chapuceros de aquí.