Palacio de Miraflores (vía REUTERS)
Los herederos de Oswaldo Cisneros, el que fue uno de los hombres más ricos de Venezuela, recibieron una noticia extraña el pasado mes de abril: había gente recorriendo sus campos petroleros en la Faja del Orinoco. Ellos seguían siendo, sobre el papel, los explotadores legítimos, pero pronto se dieron cuenta de que, mientras aquellas visitas ocurrían sin mucho disimulo, se estaba gestando la fórmula para arrebatárselos.
Por María Martín y Florantonia Singer | EL PAÍS
Los visitantes eran representantes de Pacific Coast Energy Company (PCEC), una empresa californiana casi desconocida del multimillonario belga de origen pakistaní Alshair Fiyaz y su socio Klaus Hasbo, el consejero delegado de la compañía. Los herederos de Cisneros no tardaron en entender qué buscaban: su negocio, el 40% de Petrodelta, la empresa mixta que explota esos campos junto a PDVSA, la petrolera estatal que ostenta el 60%. En un intento desesperado de frenar lo inevitable, escribieron a Pacific Coast advirtiéndole de que esos yacimientos ya tenían dueño, pero no sirvió de mucho.
Lo que ocurrió después, plasmado en expedientes de miles de páginas, documentos y comunicados, es una de las operaciones de reasignación de activos petroleros más opacas de la Venezuela sin Nicolás Maduro. Una en la que lobistas oficiales y extraoficiales de Washington han hecho de intermediarios para que inversores multimillonarios se hiciesen con yacimientos de petróleo, aunque ya tuviesen quien los explotara. Este caso, además, tiene un beneficiario, Pacific Coast Energy, que llegó de la mano de Alejandro Betancourt, según reportó Bloomberg, el hombre del momento, la llave maestra que facilitó un acuerdo por el que Washington tendrá acceso a reservas de crudo valoradas en 65.000 millones de dólares.
“Simplemente nos quitaron los activos y desaparecieron. Nadie contesta el teléfono”, lamenta Silvestre Tovar Leopardi, director de DP Delta Finance, la compañía de origen holandés con la que los Cisneros participaban en Petrodelta. “Ya sucedía con el chavismo de la forma que sabemos que sucedía, y está sucediendo igual o peor en esta nueva etapa”.
Quien está detrás de Pacific Coast es Alshair Fiyaz, un multimillonario propietario de grandes almacenes y clubes privados en Saint-Tropez, que invierte hace años en petróleo a través de una red de sociedades de inversión. Antes en Nigeria, ahora en Venezuela. Fiyaz, dueño de un yate valorado en unos 75 millones de dólares con dos helipuertos, llevaba al menos desde febrero, apenas un mes después de la captura de Nicolás Maduro, con el ojo puesto en las oportunidades que se abrían en el país sudamericano.
El 21 de mayo, semanas después de aquellas visitas, una carta de una dirección general del Ministerio de Hidrocarburos hizo sudar frío a los directivos de la petrolera venezolana. Con la misiva, se abría un proceso administrativo sancionatorio por no cumplir los compromisos de inversión y actividad de su plan de negocio. Les amenazaban con revocar su participación en los campos.
Solo cinco días después de abrirse ese expediente, Pacific Coast firmaba ese y otros cinco contratos más para explorar 12 campos en total, según documentación oficial.
Petrodelta tenía derechos de explotación en esos yacimientos hasta 2042, pero 40 días después de aquella carta se enteraban de que el caso ya estaba resuelto. Sin que el procedimiento hubiera concluido, PDVSA notificó a Hasbo que a partir del 1 de julio entraba en vigor un nuevo contrato para explorar esos seis yacimientos, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS. Mientras los Cisneros batallaban administrativamente, su empresa tenía nuevo dueño. “Tienes un procedimiento donde te dicen que te quitan los yacimientos y a los pocos días hay una reversión de todos los activos: pasan al ministerio y el ministerio se lo da a esta gente”, denuncia Silvestre.
Ni PDVSA ni Pacific Coast Energy han respondido a las cuestiones enviadas por EL PAÍS.
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