Apenas faltaban ocho días para la Nochebuena de 2023 cuando la calidez de un hogar caraqueño se extinguió en cuestión de segundos. Eran las siete y media de la mañana del 16 de diciembre. El oficial de la Fuerza Armada Nacional —un hombre con años de servicio y el pecho cargado de condecoraciones— apenas cruzaba la salida de su casa cuando un vehículo civil, sin placas, le cerró de golpe el paso.
De la penumbra del auto bajaron hombres vestidos de civil con armas cortas en la cintura. Eran agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). No mostraron orden judicial de allanamiento ni de aprehensión; pronunciaron la fórmula con la que el régimen suele disfrazar el secuestro: “Tiene que acompañarnos a Boleíta para una entrevista”.
El militar fue obligado a conducir su propio vehículo con un custodio armado a su lado. La supuesta entrevista era una trampa sin retorno. Apenas pisó la sede principal de la DGCIM, el portón se cerró a sus espaldas, las esposas mordieron sus muñecas y el Estado lo borró del mapa.
Pero la tragedia apenas comenzaba. Horas después, alarmado por el silencio de su padre, su hijo —también oficial activo de la Fuerza Armada— acudió voluntariamente a la sede de Boleíta con una sola pregunta en los labios: “¿Dónde está mi papá?”.
Esa sola pregunta bastó para sentenciarlo. Sin permitirle una llamada, sin derecho a un abogado y sin que existiera una sola acusación previa en su contra, el joven oficial fue esposado de inmediato. En cuestión de horas, dos generaciones de una misma familia militar pasaron de servir a la institución a engrosar el expediente ficticio de un presunto complot magnicida.
El pozo del frío: la celda de “Los Congeladores”
A padre e hijo no los llevaron a un calabozo común. Los desnudaron hasta dejarlos en ropa interior, los despojaron de sus pertenencias y los empujaron a las entrañas del sótano, a un área de castigo conocida con un nombre que describe con exactitud su diseño: “Los Congeladores”.
Allí el tiempo se disuelve. Son celdas herméticamente selladas donde la luz solar jamás entra y la temperatura artificial oscila permanentemente entre cuatro y cinco grados centígrados. Sobre una colchoneta mugrienta en el piso, sin sábanas, sin almohadas y tiritando sin descanso, los cuerpos pierden calor mientras un bombillo incandescente permanece encendido día y noche para quebrar el ciclo del sueño. En el pasillo exterior, un equipo de sonido reproduce sin pausa, las 24 horas del día, una pista de música instrumental estridente a volumen atronador. La pista se reinicia cada dos horas, una y otra vez, taladrando los tímpanos hasta rozar la locura.
En medio de esa sinfonía demencial, lo más doloroso era el sufrimiento ajeno. En las celdas contiguas yacían oficiales mujeres vigiladas día y noche por cámaras que apuntaban directamente a la letrina, arrebatándoles el último vestigio de intimidad. Una de ellas, oficial activa, gemía en silencio con los senos ardiendo por la leche acumulada, la habían detenido por ir a preguntar por su esposo arrestado, dejando a su bebé de apenas seis meses con el pecho huérfano en la calle.
“La casa segura”: el teatro del dolor para fabricar un libreto
El aislamiento en el hielo era solo la preparación psicológica. El aparato de inteligencia necesitaba un culpable y, sobre todo, una confesión filmada para justificar ante el país un complot que jamás existió.
Entre el 16 y el 18 de diciembre, el padre fue sacado encapuchado y esposado de Boleíta hacia una «casa segura», un matadero clandestino cuya ubicación nadie conoce. Allí no hubo preguntas de rutina; hubo barbarie. Le azuzaron perros adiestrados para aterrorizarlo, lo golpearon con puños y objetos contundentes, y finalmente lo colgaron por ambas muñecas en una máquina multifuerzas, dejando caer todo el peso de su cuerpo sobre articulaciones que crujían al borde del desgarro.
Entre golpe y asfixia, los agentes le ponían un libreto frente a los ojos:
“Tienes que grabar un video incriminando a María Corina Machado como la jefa de la conspiración. Tienes que nombrar a generales y a venezolanos en el exterior. Si dices que iban a matar a Maduro, esto se acaba”.
El oficial se negó una y otra vez. Ante su negativa, vino el sadismo más minucioso: con un alicate de presión, los verdugos le trituraron el dedo meñique de la mano izquierda hasta fracturarlo. Recibió tal cantidad de impactos en el tórax que un hematoma gigante quedó encapsulado bajo su tetilla izquierda, mientras su tensión arterial se disparaba a niveles de infarto.
Cinco veces lo sometieron a la misma sesión; cinco veces el militar tragó su propia sangre y se negó a grabar la farsa. Con el corazón fallando y el cuerpo exhausto, los torturadores desistieron temporalmente de la cámara y lo arrojaron de nuevo al frío de la celda.
El cinismo tuvo su punto culminante el 28 de diciembre. Un comisario jefe bajó hasta Los Congeladores y les dijo al padre y al hijo: “El proceso terminó. No encontramos nada contra ustedes; se van en las próximas horas”. Era otra tortura calculada: la de la falsa esperanza. Dos días después, el padre tenía que ser trasladado de urgencia al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo con un cuadro severo de hipertensión y traumatismos múltiples. El 31 de diciembre, en lugar de estar en casa con su familia, fue devuelto en camilla a la celda gélida para recibir el año nuevo en soledad.
La infamia del patio de honor
Al aparato represor no le bastaba con quebrarles los huesos; necesitaba arrancarles el honor militar.
El 22 de enero de 2024, tras una nueva crisis cardíaca en el hospital, obligaron al padre a firmar, bajo coacción, una orden de aprehensión sin fecha que le imputaba seis delitos de golpe: terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y tentativa de magnicidio. Al día siguiente, 23 de enero, el hijo y otros oficiales fueron conducidos al patio de honor del Ministerio de la Defensa.
Allí se consumó el despojo moral. Ante la mirada silenciosa del alto mando militar y sin que mediara un consejo de investigación ni un juicio previo, fueron degradados y expulsados públicamente de la Fuerza Armada Nacional, señalados de traidores en una resolución firmada por el general en jefe Vladímir Padrino López. En cuestión de minutos, las charreteras y los grados ganados durante décadas de carrera fueron arrancados de sus uniformes como si fueran delincuentes comunes.
Al día siguiente, el juez antiterrorismo Carlos Liendo y el fiscal Farik Mora sellaron la tramoya en el Palacio de Justicia: ratificaron la privación de libertad y convalidaron los seis delitos inventados, ignorando las marcas visibles de tortura en el cuerpo de los oficiales.
El Rodeo I: 23 horas de sombra y rostros con pasamontañas
El 19 de febrero de 2024 a las ocho de la mañana, un convoy trasladó a 47 militares detenidos hacia el penal de El Rodeo I, en Guatire. Al llegar, los dejaron catorce horas consecutivas —desde las 9:00 a. m. Hasta las 11:00 p. m.— de rodillas bajo el sol abrasador, esposados, encapuchados y sin probar un sorbo de agua.
El Rodeo I fue acondicionado como un panteón en vida:
* Celdas de dos por tres metros: cubículos sellados con barrotes y una puerta blindada que apenas tiene una rendija para pasar la comida.
* Encierro casi total: pasan 23 horas encerrados por solo una hora de patio. La letrina y una tubería que sirve de ducha conviven en el mismo rincón.
* Veto a la palabra: está terminantemente prohibido escribir cartas a los familiares; el único libro permitido es la Biblia. Las visitas son de apenas 20 minutos semanales, a través de un cristal blindado y hablando por un teléfono vigilado.
* Hombres sin rostro: los custodios, los médicos y hasta el director del penal visten pasamontañas permanentes y usan seudónimos para no ser identificados. Todos los traslados internos de los reclusos se hacen con la cabeza encapuchada.
Durante 85 días enteros —desde el 16 de diciembre de 2023 hasta el 10 de marzo de 2024—, estuvieron formalmente en condición de desaparición forzada. Sus familias insistieron una y otra vez en tener acceso a ellos, recibiendo siempre la misma respuesta fría: “Aquí no figuran”.
El saqueo y la condena del silencio
Mientras ellos resistían el encierro, afuera el Estado completaba la venganza económica. Sus casas, apartamentos y vehículos fueron ocupados ilegalmente por los mismos funcionarios que los apresaron; sus sueldos fueron suspendidos y sus cuentas bancarias bloqueadas. A muchos de sus compañeros les negaron cualquier beneficio procesal o amnistía y continúan sepultados vivos en El Rodeo I y en Yare II.
Hoy, padre e hijo caminan por la calle bajo un régimen de libertad condicional. Tienen prohibido salir del país, deben firmar cada 30 días ante un tribunal y cargan sobre la boca una orden estricta que les prohíbe hablar con la prensa sobre el calvario vivido.
Llevan en el cuerpo las secuelas imborrables, el dedo meñique torcido para siempre por el alicate, el corazón dañado por la tensión desbocada y el eco de una música estridente que aún resuena en sus pesadillas. Pero llevan también la certeza de no haber cedido, en el sótano más oscuro de Caracas, cuando les exigieron inventar una mentira para destruir a otros, prefirieron que les rompieran los huesos antes que quebrar su dignidad.
Joel García Hernández