María Corina Machado ha sido clara y consistente: Venezuela necesita con urgencia volúmenes masivos de capital privado. El país está destrozado, PDVSA es una sombra de lo que fue y el petróleo, como cualquier otro recurso, solo generará riqueza real cuando deje de ser un botín político y se convierta en un activo productivo bajo reglas de mercado. Ella lo ha dicho sin ambages: queremos inversiones, pero no así. No a cualquier precio ni bajo cualquier esquema.
El reciente acercamiento, acuerdo o pacto entre actores del régimen venezolano y Estados Unidos ha generado reacciones intensas. Académicos, inversionistas, expertos petroleros, periodistas de distintos países y, sobre todo, la inmensa mayoría de la sociedad venezolana han cuestionado abiertamente los términos y la opacidad de estos entendimientos. Todos han subrayado lo mismo desde una perspectiva crítica: no basta con anunciar inversiones; lo que importa es cómo se estructuran, a quiénes se les asignan y bajo qué condiciones se adjudican.
El argumento maniqueo que circula es tan previsible como falso: “Si critican este pacto, entonces no quieren inversión privada, son socialistas o quieren seguir dependiendo del Estado”. No. Ese es un falso dilema. Quienes defienden el libre mercado no rechazan el capital privado; rechazan el capitalismo de amigos, el clientelismo y la selección discrecional de inversionistas cercanos al poder. Eso no es libre mercado; es un reacomodo de privilegios. Es, en criollo, el regreso de los bolichicos.
En un verdadero sistema de libre mercado no hay procesos de selección opacos ni socios preferidos. Hay reglas transparentes, igualdad ante la ley, licitaciones competitivas, contratos claros y la posibilidad real de que gane quien ofrezca mejores condiciones técnicas, financieras y de cumplimiento. No se trata de que el Estado elija a sus amigos o a grupos que ya operan dentro de la lógica del poder actual; se trata de que cualquier empresa seria, nacional o extranjera, pueda competir en igualdad de condiciones.
María Corina ha insistido una y otra vez en que los proyectos para la recuperación de Venezuela deben construirse sobre instituciones sólidas, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica y competencia abierta. Eso implica:
Que el petróleo y los recursos no pertenezcan de facto a una cúpula, sino que se gestionen bajo reglas capaces de atraer capital de riesgo legítimo, sin cupos ni privilegios para quienes tienen acceso al poder.
Que la transparencia no sea un eslogan, sino la norma: contratos públicos, condiciones claras y rendición de cuentas.
Que el Estado no actúe como repartidor de oportunidades, sino como garante de un marco legal confiable donde sea el mercado el que decida.
El esquema actual, con sus pactos selectivos y su reciclaje de actores cercanos al poder, no cumple ninguno de estos criterios. Solo genera desconfianza, concentra los beneficios en pocos y perpetúa la lógica de que el acceso al capital depende de relaciones políticas más que de la propia competitividad. Eso no reconstruye un país; solo redistribuye botines bajo otro disfraz.
Por otro lado, Estados Unidos vive una presión energética real y necesita un suministro hemisférico confiable y de bajo costo. Esa necesidad es legítima. Sin embargo, precisamente porque la Casa Blanca requiere resultados rápidos y visibles, el riesgo de priorizar la velocidad y la conveniencia política por encima de la solidez institucional es altísimo. Un acuerdo opaco, firmado con autoridades de legitimidad cuestionada y con adjudicaciones discrecionales, podrá ofrecer volumen a corto plazo, pero jamás generará la confianza que atrae capital serio y sostenible.
Las grandes empresas y los inversionistas institucionales no se comprometen a décadas de inversión en un entorno donde las reglas cambian con cada reacomodo de poder o donde los contratos dependen de amistades políticas. Eso es exactamente lo que María Corina ha advertido: sin legitimidad democrática, transparencia y reglas universales, ni siquiera el socio más poderoso logra la estabilidad que dice buscar.
La recuperación económica y la transición democrática deben marchar de la mano. Bienvenida sea la inversión que produzca prosperidad y empleos, pero lo que no es equitativo es postergar la libertad mientras se reacomodan privilegios. Venezuela no puede limitarse a cambiar de socios comerciales manteniendo un poder usurpado.
María Corina ha planteado una alternativa clara y optimista. Propone un gobierno que respete de verdad el libre mercado y la propiedad privada, y donde la transparencia no necesite pactos especiales ni listas de inversionistas privilegiados, sino instituciones creíbles. Cuando las reglas son estables, predecibles y aplican para todos por igual, el capital fluye por sí solo. Las empresas serias buscan seguridad jurídica y oportunidades reales, no favores. Venezuela tiene recursos, talento humano y una ubicación estratégica que, bajo un marco de libertad económica genuina, pueden atraer no solo millones, sino decenas de miles de millones en inversión productiva. Y ese mismo marco es el que le daría a Estados Unidos el suministro estable y a largo plazo que realmente necesita.
Criticar el pacto actual no es oponerse a la inversión ni a la alianza estratégica con Estados Unidos. Es exigir que la inversión llegue de la única forma en que genera prosperidad duradera: con competencia, transparencia y respeto a la libertad económica. María Corina lo ha planteado con firmeza, y numerosas voces en la opinión pública lo han respaldado. El mensaje no es “no a las inversiones”. El mensaje es: sí a las inversiones, pero como se deben hacer. Con reglas, no con amiguismos. Con mercado, no con clientelismo. Con libertad, no con privilegios.
Inversiones sí. Pero no con bolichicos.