La urgencia del Gobierno por aprobar la norma que regula las relaciones de los lobbies con el Estado, cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias penales y multas económicas de hasta 40.000 euros, hizo que entrara en vigor sin que existiera todavía el registro público en el que empresas, grupos de interés y otros lobistas deben registrarse obligatoriamente para poder reunirse con la Administración, que no estuvo listo hasta el 4 de septiembre, diez días después de la aprobación del decreto. El asunto ha tenido consecuencias. Fuentes empresariales, de consultoras y del personal de los ministerios consultadas por ABC reconocen que la obligación legal que el decreto gubernamental establece de que ningún funcionario ni alto cargo del Estado pueda reunirse con una… Ver Más