El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, prometió este martes 1 de septiembre cárcel para quienes intenten apropiarse de los recursos que genere el nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, en una advertencia que contrasta con el historial de corrupción, desinversión y deterioro que durante años acompañó la administración chavista de la industria petrolera.
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“Quien utilice uno de esos dólares para robárselo, figurativamente les vamos a quemar las manos y los vamos a meter en la cárcel”, afirmó Rodríguez al referirse a los ingresos que, según las proyecciones oficiales, generará la explotación de 17 campos petroleros contemplados en el acuerdo.
El discurso anticorrupción llega después de más de dos décadas en las que Petróleos de Venezuela (PDVSA) pasó de ser una de las principales compañías petroleras del mundo a operar con una producción muy por debajo de sus niveles históricos. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ha señalado como factores del desplome la mala gestión gubernamental, la falta de inversión y mantenimiento, el deterioro de la infraestructura y la pérdida de personal calificado.
Uno de los puntos de quiebre ocurrió tras la huelga petrolera de 2002-2003, cuando el gobierno de Hugo Chávez despidió a miles de trabajadores de PDVSA, incluidos numerosos empleados técnicos. Según la EIA, la pérdida de experiencia contribuyó a que la producción no volviera a los niveles anteriores a la huelga. Posteriormente, la estatal fue utilizada cada vez más como fuente de financiamiento del gasto público, reduciendo los recursos destinados a reinversión en la propia industria.
La factura del deterioro terminó siendo mucho mayor. La producción venezolana cayó de aproximadamente 2,3 millones de barriles diarios en enero de 2016 a 1,6 millones en enero de 2018, en medio de problemas de mantenimiento, falta de inversión, deudas con empresas de servicios y escasez de personal especializado. Para 2023, la EIA calculaba una producción de apenas 742.000 barriles diarios, 70 % menos que en 2013.
Asimismo, el colapso no puede atribuirse únicamente a las sanciones estadounidenses. La propia EIA identifica una combinación de mala administración, falta de mantenimiento, deterioro financiero de PDVSA, reducción de la fuerza laboral y sanciones como elementos que agravaron una crisis que ya venía desarrollándose. Incluso antes de las sanciones petroleras de 2019, la producción venezolana llevaba años en descenso.
Ahora, Rodríguez asegura que la historia puede cambiar con la llegada de capital extranjero. Según sus cálculos, los 17 campos permitirán sumar “un millón y medio de barriles más diarios” y generar entre 209.000 y 210.000 millones de dólares, mientras el oficialismo sostiene que decenas de compañías internacionales están interesadas en firmar nuevos Contratos de Participación Productiva.
El contraste es difícil de ignorar: después de años de control estatal, expropiaciones, falta de inversión y una administración que dejó a PDVSA con una capacidad productiva severamente disminuida, el chavismo reivindica ahora la llegada de capital privado extranjero como vía para recuperar la industria. El nuevo acuerdo con Washington contempla hasta 100.000 millones de dólares de inversión y un objetivo de recuperación productiva que supera los 1,5 millones de barriles diarios.
Mientras Rodríguez promete que a los corruptos “les vamos a quemar las manos”, queda pendiente una pregunta incómoda: ¿quién responderá por los años de decisiones políticas y administrativas que contribuyeron a llevar a la industria petrolera venezolana hasta el punto en que ahora necesita una gigantesca inyección de capital extranjero para volver a producir?