Una nueva medida de un juzgado del departamento colombiano del Guaviare, ordenó este sábado 5 de septiembre al presidente Abelardo De la Espriella y al Ejército, no bombardear objetivos de grupos armados en el lugar si existe información sobre la presencia de menores de edad.
Esta decisión se suma a una medida cautelar de un juzgado de Bogotá que el pasado jueves ordenó al mandatario colombiano y a las Fuerzas Armadas abstenerse de bombardear lugares donde hay evidencia de la presencia de menores víctimas de reclutamiento.
Ambos fallos se dieron a conocer una semana después de que el Instituto de Medicina Legal informara de que tres menores habían muerto en una operación militar contra un grupo de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de El Retorno, en el Guaviare.
El juzgado tercero penal del circuito de San José del Guaviare, capital del Guaviare, respondió a la acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.
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La medida provisional ordenó al Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, en 48 horas después de este fallo, informen las medidas, protocolos y mecanismos que implementan o que reforzarán para identificar la presencia de niños en zonas que son objetos de operaciones militares.
Asimismo, pidió “verificar la información de inteligencia relacionada con su eventual reclutamiento o utilización; evaluar los riesgos para la población civil antes de la ejecución de operaciones aéreas, y garantizar un enfoque diferencial y de protección reforzada de la niñez en la planeación y ejecución de dichas operaciones”.
El pasado 27 de agosto, tres menores murieron en un bombardeo del Ejército colombiano contra una grupo de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de El Retorno.
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los diez cuerpos recuperados tras esa operación correspondían a menores de edad: dos de ellos tenían 15 años y el otro, 16.
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El Gobierno defendió entonces la legalidad de la operación y señaló que los menores formaban parte del grupo armado por lo que fueron considerados “blanco legítimo”.
Ese caso se sumó a la muerte de otro menor en un bombardeo realizado el 10 de agosto en la región del Catatumbo, en el noreste del país, lo que reabrió el debate sobre el uso de operaciones aéreas contra grupos armados que reclutan niños, niñas y adolescentes.
La controversia ocurre en medio del aumento de operaciones militares ordenadas por el gobierno de Abelardo De la Espriella y de las alertas sobre la utilización de menores en el conflicto que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026, tuvo conocimiento de 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
Con información de EFE