Tras una oleada de contrataciones el verano pasado, un funcionario a cargo de evaluar a los nuevos reclutas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) emitió una grave advertencia.
El gobierno de Donald Trump, escribió en un memorando, tomaba atajos, violaba la ley y aceleraba el ingreso de candidatos no calificados y “evaluados de manera inadecuada” a las filas del ICE, como parte de una maniobra peligrosa que exponía a la agencia —y a sus operaciones policiales— a “graves riesgos de seguridad nacional”.
El funcionario de carrera de ICE citó una “reducción de estándares sin precedentes” y dijo que “fallas sistémicas” habían permitido que los solicitantes recibieran ofertas de trabajo antes de haber pasado las verificaciones básicas de huellas dactilares, identidad o crédito en un proceso de evaluación preliminar. Funcionarios nombrados por motivos políticos habían eludido injustificadamente las investigaciones de antecedentes y obtenido elegibilidad para cargos de seguridad nacional.
El funcionario, un jefe de unidad que supervisaba directamente a más de 100 empleados que evaluaban a miles de solicitantes del ICE, estaba tan preocupado por lo que vio que no planteó estas inquietudes a sus superiores; lo hizo en una queja formal de denunciante ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.
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