El Departamento de Trabajo de Estados Unidos estrenó su propia lista de los más buscados. La Oficina del Inspector General (OIG) publicó el 28 de octubre los nombres de 16 fugitivos señalados por delitos que, en conjunto, habrían costado más de 55 millones de dólares a los contribuyentes, en casos de fraude de visas de trabajo, fraude al seguro de desempleo, trata laboral, robo de identidad, lavado de dinero y fraude a programas de salud.
Por lapatilla.com
“No más excusas. No más esconderse. La cacería ha comenzado”, dijo el inspector general Anthony P. D’Esposito en el comunicado oficial, en el que presentó la lista como parte de la ofensiva contra el fraude del gobierno de Donald Trump y del vicepresidente JD Vance, en coordinación con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude. Su director ejecutivo, Scott Brady, anunció que habrá más nombres: “Hoy son 16, y les prometo que después de que el inspector general los encuentre, vendrán más”.
El primero en caer fue Leslie Kaciban, de 68 años, nacido en Hungría y con doble nacionalidad, figura en la ficha oficial como exfuncionario del FBI y ejecutivo de contrataciones públicas. Fue acusado en 2026 de pagos laborales ilegales y de recibir sobornos en un presunto esquema de crimen organizado con unos 4 millones de dólares en comisiones ilícitas. Según la OIG, se enteró de la acusación mientras estaba de vacaciones en Costa Rica y huyó a Hungría, donde fue arrestado. Ahora espera su extradición.
Mientras tanto, los otros 15 siguen prófugos. Estos son sus casos, según las fichas publicadas en la página de la OIG:
Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel y Argentina Alexandru, nacidos en Rumania, señalados como presuntos asociados del grupo criminal transnacional de Valcea, acusado de presentar reclamos falsos de desempleo durante la pandemia y de robar joyas a personas mayores. El grupo habría lavado más de 1,3 millones de dólares. Se cree que viven en Rumania.
Josephine Tinimbang, nacida en Filipinas, acusada en 2016 de participar en un esquema de 45 millones de dólares contra Medicare a través de las empresas de salud a domicilio de su hijo, con sobornos y expedientes médicos falsificados.
Mohammad Reza Baniassadi, abogado de inmigración de Chicago nacido en Irán, acusado en 2023 de orientar a clientes hacia matrimonios falsos, ayudarlos a hacer trampa en el examen de civismo e inventar ofertas de trabajo. Viajó a Irán en 2021 y no volvió.
Chelbe Moraes, nacido en Brasil, acusado en 2021 de inducir a extranjeros a entrar ilegalmente a EEUU con fines de lucro y de lavado de dinero ligado al tráfico de personas. Estaría entre Brasil, Paraguay y México.
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Oscar Carrillo-Pérez, guatemalteco, se declaró culpable de contratar trabajadores indocumentados y no se presentó a su sentencia.
Onoriode Ezewu, nacido en Nigeria, acusado de 15 cargos de lavado de dinero por reclamos de desempleo con identidades robadas que superaron el millón de dólares. Violó su libertad condicional.
Wael Khalifa, farmacéutico nacido en Egipto, prófugo desde 2021, señalado de cobrar comisiones y facturar más de 380.000 dólares en medicinas que su farmacia nunca compró.
Jianmei Qin, de nacionalidad china, buscada en Arkansas por promover la prostitución, lavado de dinero y empresa criminal, e investigada por trata de personas.
Completan la lista Ericka Holland (Ohio), excontratista de la agencia estatal de empleo que habría manipulado reclamos de desempleo y cobrado más de 57.000 dólares; Clement Qwonate Jones (Illinois), acusado de robo de identidad y fraude por unos 350.000 dólares; Todd James Lewis, señalado de cobrar fondos de la ley CARES en Kansas y Colorado y que habría huido a México; y Héctor Javier Fernández-Porrata (Puerto Rico) y Juan Ignacio De La Cruz-David (República Dominicana), acusados de cobrar beneficios de desempleo en Puerto Rico con números de seguro social falsos.
En la lista no aparece ningún venezolano. La OIG pidió no intentar detener a ninguno de los señalados y reportar cualquier pista al 1-800-347-3756.
La persecución de fraudes con dinero público ha sumado casos en las últimas semanas, como el de seis mujeres en Massachusetts que operaban una red de matrimonios falsos y el de la alcaldesa de Kissimmee, acusada de un presunto fraude con fondos del covid-19.