El abogado y preso político bajo arresto domiciliario, Perkins Rocha, asesor jurídico de la líder democrática, María Corina Machado, advirtió sobre dos amenazas que, a su juicio, ponen en riesgo el proceso de transición democrática y la recuperación del Estado de derecho en Venezuela.
Por: lapatilla.com
En un pronunciamiento, Perkins Rocha alertó sobre las consecuencias de retrasar la convocatoria a elecciones presidenciales y de designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por períodos ordinarios de 12 años, sin que existan garantías institucionales suficientes.
Asimismo, respaldó la propuesta presentada por la abogada Thelma Fernández ante la delegación de la Asamblea Nacional opositora electa en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, sobre cómo abordar la renovación del máximo tribunal del país durante una eventual transición política.
El primer punto señalado por el jurista, es la demora en fijar y convocar elecciones presidenciales. Según explicó, aplazar este proceso también significa posponer la recuperación de la soberanía popular y el restablecimiento de la República. Rocha considera que la realización de elecciones es un elemento fundamental para avanzar hacia la recuperación institucional y sentar las bases de la estabilidad económica y el desarrollo social del país.
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La segunda preocupación del abogado se relaciona con la posible designación de nuevos magistrados del TSJ por períodos de 12 años, tal como establece el mandato ordinario, en un contexto de transición en el que todavía no estén garantizadas la independencia de las instituciones ni las libertades ciudadanas.
A juicio de Rocha, una decisión de esta naturaleza podría generar nuevos focos de inestabilidad e inseguridad jurídica, especialmente en un área tan sensible como la administración de justicia. Por ello, planteó la necesidad de considerar una fórmula excepcional y provisional, a la que se refirió como “Magistrados Bisagra del orden Constitucional”, destinada a facilitar el restablecimiento de las instituciones republicanas durante la transición.
“Designar Magistrados al TSJ por 12 años en un momento de excepcionalidad en que aún no hay instituciones ni libertad, es un hecho generador de inestabilidad e inseguridad en una área de enorme sensibilidad como lo es la administración de justicia”, advirtió Rocha.
El abogado también expresó su respaldo a la exposición de Thelma Fernández, cuya propuesta busca establecer criterios para abordar la renovación del TSJ en un eventual proceso de transición democrática.
Fernández sostuvo que la reinstitucionalización del país no puede desarrollarse bajo las mismas reglas y condiciones que han prevalecido en el sistema actual, ni quedar en manos de quienes, según su planteamiento, han participado en el deterioro de las instituciones durante las últimas décadas.
La jurista defendió que las decisiones adoptadas durante esta etapa deben tener un carácter transitorio y una duración limitada, con el propósito de evitar que medidas excepcionales comprometan durante años el futuro del sistema de justicia venezolano.
El planteamiento de ambos abogados apunta a que la renovación del TSJ debe considerar las condiciones políticas e institucionales de una eventual transición, con mecanismos temporales que permitan recuperar la institucionalidad sin condicionar de manera permanente la futura organización del Estado venezolano.
