A pocos días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, la denuncia favorita de Donald Trump sobre el voto de extranjeros volvió al centro del debate. El Departamento de Justicia presentó cargos contra 16 residentes permanentes legales por presunto voto ilegal y otros delitos electorales, pero los números que manejan auditorías estatales e investigaciones independientes dibujan un fenómeno mucho más pequeño que el que describe la Casa Blanca.
Por lapatilla.com
En concreto, el comunicado oficial, fechado el 5 de octubre, reúne casos en cuatro estados. Diez de los acusados están en Minnesota, tres en Luisiana, dos en Florida y uno en Wisconsin. Son ciudadanos de Liberia, Ghana, Lituania, Alemania, Bosnia, Brasil, Canadá, Sudáfrica, Cuba, México, Nicaragua, Italia, Bahamas y Macedonia del Norte. A casi todos se les atribuye haber votado en las elecciones federales de 2024; a otros, haber declarado falsamente ser ciudadanos para inscribirse, o haber mentido en su trámite de naturalización. Uno de los casos de Minnesota se refiere solo a la inscripción, sin que la Fiscalía le atribuya un voto.
Que sean residentes permanentes no es un detalle menor, porque un residente permanente puede vivir y trabajar en EEUU, pero no puede votar en elecciones federales hasta obtener la ciudadanía. Los inmigrantes naturalizados sí votan, así que la etiqueta “voto de inmigrantes” mezcla dos grupos que la ley trata de forma muy distinta. El propio Departamento de Justicia recordó en su nota que una acusación no es una condena y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
Además, este no es el primer anuncio de este tipo en el otoño. A mediados de octubre, el mismo despacho dio a conocer otro paquete de 16 imputaciones en estados como Nuevo México y Pensilvania, parte de una ofensiva que acompaña la insistencia de Trump en cambiar las reglas electorales.
Lo que dicen las auditorías
Cuando se miran las revisiones de padrones y votos, la escala cambia. En Míchigan, una investigación oficial sobre los comicios de 2024 encontró 15 personas que aparentemente no eran ciudadanas y votaron. Sumadas a un caso previo, equivalen al 0,00028 % de los más de 5,7 millones de votos de ese estado. En Utah, una auditoría publicada en mayo revisó más de dos millones de registros y confirmó 27 no ciudadanos inscritos, con otros 25 probables, aunque estar inscrito no prueba haber votado.
En la misma línea, el Brennan Center for Justice llegó a cifras parecidas tras las presidenciales de 2016: funcionarios de 42 jurisdicciones, que habían contado 23,5 millones de votos, reportaron unos 30 incidentes de presunto voto de no ciudadanos remitidos a investigación.
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Parte de lo que se detecta tampoco es fraude deliberado. Una investigación de la agencia Reuters, publicada el 23 de septiembre, concluyó que los estados pudieron haber inscrito por error a más de 30.000 personas que se habían declarado no ciudadanas desde el año 2000, por fallas informáticas en las oficinas que tramitan licencias de conducir. Solo en Nueva Jersey, un error tecnológico metió en el padrón a unos 6.600 no ciudadanos entre 2023 y 2024. Reuters no pudo establecer cuántos de ellos llegaron a votar.
Las herramientas de control también fallan en sentido contrario. En Texas, el sistema federal de verificación migratoria SAVE marcó inicialmente a 2.724 votantes como posibles extranjeros; una revisión posterior encontró que 578 de ellos, el 21 %, eran ciudadanos, según un análisis divulgado por el Bipartisan Policy Center.
El tropiezo en los tribunales
La ofensiva tiene además un frente judicial abierto. El 1 de octubre, el juez federal David Leibowitz, del Distrito Sur de Florida, desestimó el caso contra Chelsea Cox, una jamaicana acusada de votar en Broward en 2020. El magistrado concluyó que la ley federal de 1996 que castiga el voto de extranjeros es inconstitucional aplicada a ella, porque fijar quién puede votar corresponde a los estados y no al Congreso. El fallo no habilita a ningún extranjero a votar ni toca las prohibiciones estatales, y el Gobierno federal lo apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito.
Mientras tanto, Trump sigue empujando la SAVE America Act, que exigiría prueba documental de ciudadanía para inscribirse y documento con foto para votar, y que permanece trabada en el Senado. Sus defensores la presentan como un blindaje del sistema; sus críticos advierten que podría dejar fuera a ciudadanos con derecho a voto que no tienen a mano esos papeles.
Los casos imputados pueden terminar en condenas individuales si la Fiscalía logra probarlos. Ninguna de las cifras disponibles muestra, por ahora, un voto extranjero capaz de torcer el resultado de una elección en EEUU.