Hay un asunto que preocupa especialmente a un sector de trabajadores y pensionistas y cuyo recorrido histórico es amplio. Se trata de la despenalización de las jubilaciones anticipadas tras más de 40 años cotizados. Es decir, aquellos trabajadores con una larga carrera de cotización que sufren una reducción permanente de su pensión por haberse jubilado anticipadamente. La situación de estas personas ha cambiado drásticamente por el momento de inestabilidad que sufre el país. El 22 de septiembre de 2026, el Congreso de los Diputados aprobó tomar en consideración una proposición de ley presentada por Podemos para eliminar las penalizaciones de las jubilaciones anticipadas de las personas con 40 o más años cotizados. La votación registró 178 votos a favor tras el apoyo de PSOE, Sumar, Junts y otros grupos parlamentarios. Además, obtuvo 33 votos en contra (Vox) y 136 abstenciones (PP). Este «era un paso importante, ya que tras la votación, la iniciativa superó el primer gran filtro parlamentario y fue remitida oficialmente a la Comisión de Trabajo, Economía Social e Inclusión de la cámara», tal y como explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social. En ese momento, «se abrió el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado. Estas debían ser para mejorar el texto garantizado, que la despenalización no excluya a nadie tanto si la jubilación fue anticipada fue voluntaria o involuntaria y con carácter retroactivo para quienes ya sufren el recorte en sus pensiones». «O bien para dilatar los plazos presentando prórrogas sucesivas al plazo de enmiendas para congelar la tramitación en la comisión». Sin embargo, el pasado 5 de octubre, Pedro Sánchez paralizó el país con el anuncio del inminente adelanto electoral, convocado a los españoles a las urnas el próximo 29 de noviembre. En ese momento, muchas personas se preguntaron qué sucedía ahora con esa iniciativa legislativa pendiente de tramitación. «Con el adelanto electoral, la ley ha decaído», explica este especialista. «El derecho parlamentario español rige el principio de discontinuidad de los trabajos parlamentarios. Esto significa que cuando el Rey declara la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, todo el trabajo legislativo que esté en marcha en ese momento caduca de forma automática». La iniciativa había superado su primera votación, pero tenía que pasar por la comisión correspondiente, recibir enmiendas y completar las votaciones parlamentarias, por lo que, lógicamente, no se consideraba aprobada definitivamente. Así que actualmente se encuentra paralizada. Esto significa que tener 40, 42, 45 o más años cotizados no garantiza que una persona pueda jubilarse anticipadamente sin reducción de pensión. Por ejemplo, con 40 años cotizados, si alguien se jubila voluntariamente 24 meses antes de su edad ordinaria, el coeficiente reductor puede ser del 19%. Dicha propuesta pretendía eliminar estas reducciones y contemplaba también a quienes ya estaban jubilados. De hecho, en este último caso, se podría solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social un nuevo cálculo de la pensión, aunque el incremento, según el texto presentado, se aplicaría desde la solicitud y no con carácter retroactivo a todos los años anteriores. «Las proposiciones de ley que no han completado todo su recorrido (Comisión, Pleno del Congreso, Senado y publicación en el BOE) desaparecen. No existe la herencia entre las legislaturas», advierte Alfonso Muñoz. Por lo tanto, habrá que esperar a ver qué sucede el próximo 29 de noviembre para saber qué pasa con esta iniciativa. «La nueva cámara que surja de las urnas no retoma la ley donde se quedó. Si se disuelven las Cortes con la ley en la Comisión de Trabajo, la norma fallece parlamentariamente y el proceso tendrá que empezar desde cero en la siguiente legislatura». Sin embargo, la mala noticia para los interesados es que, en función de la composición la nueva Cámara, su aprobación podría demorarse muchos meses. «Esto puede llegar a retrasar la solución entre uno o dos años». Si tras el 29N se mantiene una mayoría parlamentaria favorable, podría volver a presentarse la iniciativa y recuperar apoyos. En cambio, si cambia la mayoría política, podría resultar más difícil aprobarla en los términos planteados. Asociaciones de afectados como ASJUBI40 han estado solicitando al Gobierno su aprobación durante años. E incluso, ante el desgobierno reinante en la última legislatura, llegaron a pedir su tramitación mediante un decreto ley antes de las elecciones para evitar que el problema siga aplazándose. Pero ninguna de estas vías ha tenido éxito.