La Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista fue sancionada por la Asamblea Nacional el 7 de mayo de 2024, promulgada por Nicolás Maduro el 8 de mayo de 2024 y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 6.806 de esa misma fecha, fijando de forma definitiva una tasa exacta del 9% como contribución especial a cargo de las empresas privadas. El objetivo argumentado por el Ejecutivo para exigir este aporte empresarial fue captar recursos del sector privado para complementar el financiamiento del sistema público de pensiones y mejorar los ingresos de la población de la tercera edad de manera inmediata. Aunque no existe una cifra oficial ni un monto público consolidado por parte de las autoridades, especialistas en derecho tributario y gremios empresariales calculan, al día de hoy, que el monto acumulado asciende a la astronómica cifra de 5 mil millones de Dólares. Por diseño legal, estos fondos ingresan directamente a la Tesorería Nacional (Tesoro Público) y no al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS),correspondiéndole al Estado venezolano, mediante el Ejecutivo Nacional y a través del IVSS y el Sistema Patria, gestionar su distribución para complementar el ingreso integral de los abuelos y abuelas.
Toda esta información sirve para demostrar de forma contundente una grave irregularidad: estos montos no han sido depositados en las nóminas de los jubilados, evidenciando que el dinero ha sido descontado puntualmente desde el inicio del decreto y, sin embargo, no ha sido distribuido entre sus beneficiarios. Al hacerle un seguimiento administrativo y contable a las autoridades del órgano recaudador (SENIAT) para verificar si cumplió en depositarlo en el instituto receptor (Tesorería Nacional), los tribunales competentes tendrían suficientes pruebas de quiénes son los funcionarios responsables que no han realizado la entrega de estos montos a los jubilados, incurriendo en una omisión flagrante que vulnera los derechos consagrados en la Constitución. El artículo 80 constitucional establece la obligación inaplazable del Estado de garantizar a los ancianos los beneficios de la seguridad social para elevar su calidad de vida, mientras que el artículo 83 consagra el derecho a la salud como una obligación vinculada directamente al derecho a la vida; mandatos reforzados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ sobre el derecho preferente del adulto mayor.
Ante la opinión pública y los órganos jurisdiccionales, este escrito constituye una denuncia formal para exigir que haya justicia y que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes han incumplido con el depósito a los jubilados. Es necesario destacar el daño humanitario infligido, ya que en los meses en que este depósito no se realizó, muchos de sus beneficiarios padecieron problemas graves de salud al verse privados del dinero necesario para costear tratamientos médicos esenciales.
Es un clamor generalizado que, dado que este fondo contaría con suficiente dinero en dólares, se utilicen dichos recursos de forma inmediata para otorgarles a los jubilados un bono de aguinaldo por un monto no menor a los $ 2.000, haciendo valer la ley para el fin con el que fue creada y resarciendo parcialmente el impacto de esta injusta retención en la vida de los adultos mayores de todo el país.