Cuando se habla de elecciones generales, casi nadie pregunta a quién le conviene o que hay detrás de no hacerlas. Hoy quiero responderlo, porque saber quién empuja y quién frena esta idea es tan importante como defenderla.
Venezuela lleva 25 años con el poder concentrado. La Asamblea Nacional, las gobernaciones y las alcaldías quedaron en su mayoría con el control del del oficialismo y por eso ganar solo Miraflores no alcanza. Un presidente nuevo sobre el mismo aparato no puede gobernar. La salida es renovar, a la vez, todos los cargos de elección popular, del presidente al alcalde, de modo que cada poder quede legitimado por el voto.
¿Por qué todos a la vez? Porque cada cargo de elección popular sin renovar puede frenar a los renovados. Por ejemplo: una Asamblea Nacional nueva, rodeada del mismo aparato en los estados y municipios, trabaja a ciegas y será duramente atacada.
Antes de votar, hay que renovar las instituciones que sostienen el proceso. Un CNE que dé al ciudadano la certeza verificable de que su voto fue respetado, y un TSJ que haga valer los límites constitucionales sin importar quién gobierne. A diferencia de los demás cargos, ninguno de los dos se elige en las urnas: los designa la Asamblea Nacional. Su legitimidad depende entonces de la idoneidad y la independencia con que se escojan, no del reparto de cuotas entre partidos. Sin esa renovación previa que hoy estamos viviendo, una elección general sería la misma partida con las mismas instituciones.
Los defensores son quienes tienen un piso político trabajado y hoy no tienen cargo. Han estado en las comunidades, conocen los problemas y no pueden postularse porque los puestos siguen ocupados. Una elección general les abre la puerta. También ellos actúan por interés y no voy a esconderlo. La diferencia es que su interés coincide con el del elector, que pide poder elegir. Y también está el defensor que casi nunca se menciona: el elector, que no aspira a ningún cargo y solo quiere decidir sin sombras quién lo representa.
Los detractores más evidentes son quienes ocupan hoy un cargo. Una elección general pone todos los puestos en juego a la vez y hace posible lo que más temen: perderlo. No son pocos los que, con las mismas limitaciones y diseño del sistema, no han hecho nada por los electores que dicen representar, y saben que con una autoridad electoral confiable no ganarían hagan lo que hagan, prometan lo que prometan. Hay excepciones y se han visto en el tiempo. Pero para el resto, medirse ante el elector es un riesgo real.
Reducirlo todo a ese miedo sería injusto, hay objeciones de fondo que merecen respuesta. Organizar un registro electoral que incluya a los venezolanos fuera del país toma meses. Hay mandatos vigentes. Y votar todo el mismo día concentra el riesgo: si algo falla, seguramente falla todo. Son argumentos sobre el cómo, no sobre el sí y por eso exigen lo que he planteado en otras ocasiones: un calendario con hitos verificables, no una promesa.
Aquí está el corazón de la discusión, porque muchos están vendiendo dos formas de escalonar y ninguna me convence. La primera empieza por la presidencial y deja el resto para después. Parece prudente, pero entrega a los detractores lo que más buscan, tiempo, y deja a un presidente recién electo frente a una Asamblea, gobernaciones y alcaldías que siguen respondiendo al aparato anterior. La segunda es peor: votar primero los cargos locales o legislativos y dejar la presidencial para el final. Se defiende como ensayo de la nueva autoridad electoral, pero un ensayo definitivamente no necesita cargos reales: para eso existen los simulacros y las auditorías. Lo que logra es aplazar la decisión que el país más espera y desvirtuar la lógica de la transición, y con ella la esperanza de un pueblo que ya esperó demasiado. Me parece en ambos casos una especie de prebunking, es decir, instalar de antemano el miedo a votar todo junto para que la propuesta llegue ya debilitada.
A esto se suma María Corina Machado. Las encuestas la ubican en primer lugar y en una elección donde todo se vota a la vez, quien encabeza la boleta tiende a arrastrar al resto. Es lo que la ciencia política llama efecto arrastre. Mi lectura es que los demás partidos lo saben y también los políticos que hoy ocupan cargos o aspiran a ellos: sin un acuerdo, temen perder buena parte de los cargos frente a ella o a quienes ella apoye. No lo digo como reproche: es lo que pasa cuando todo se vota a la vez.
Por eso hace falta desprenderse de las aspiraciones personales y pensar en el país. El beneficio de un aparato del Estado puesto por fin al servicio del ciudadano supera cualquier cálculo individual y todos deberían trabajar por unas elecciones generales. Los pactos pueden ayudar. Una opción es que el partido de María Corina Machado postule solo a la presidencia y deje los demás cargos a otros partidos. Otra, que reserve un porcentaje de cargos para competencia abierta, y la mejor de todas es que cada partido postule a sus propios candidatos. Puede sonar difícil, y hasta injusto, pero es un punto de partida.
Eso sí, ningún pacto de este tipo sirve si deja al nuevo presidente sin el respaldo de los demás poderes ni de un programa común por el país. Debe ir acompañado de un acuerdo de gobernabilidad. Y la oportunidad que se abre para los demás partidos hay que ganarla: con dirigentes que no abandonaron las comunidades y trabajaron pensando en la gente, no con postulaciones a dedo ni acuerdos oscuros. Una forma de comprobarlo es que cada partido elija a sus candidatos en consultas abiertas, con criterios públicos, y no a puerta cerrada. El elector sabrá distinguirlos.
Quien hoy ocupa un cargo electo por el voto tiene todo el derecho a defenderlo. Que lo haga donde corresponde: ante el elector, que es el único que puede renovarlo.
Felo Jiménez
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