El CCE y la CMIC consideran que el acuerdo presidencial que da el rango de «interés nacional» a proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía viola diversas leyes e incentiva la corrupción
El CCE y la CMIC consideran que el acuerdo presidencial que da el rango de «interés nacional» a proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía viola diversas leyes e incentiva la corrupción