Si hasta hace unas semanas el problema de la vivienda era la preocupación principal de los españoles, desde el estallido total de la crisis se ha convertido casi en el único tema de conversación. Tan trascendental es ahora mismo su rumbo que no solo ha provocado el adelanto electoral, sino que muy probablemente puede decidir el resultado de esos comicios. Por ello, desde todos los frentes se intenta buscar una solución a la situación actual, con una escasez de vivienda nunca antes vista y con los precios por encima de máximos históricos. Sin embargo, hay quienes no confían en una solución que provenga de quienes han provocado, o al menos agravado, la actual crisis de la vivienda. Eso es lo que afirma Gonzalo Bernardos, colaborador habitual de ‘laSexta Xplica’, quien acusa al Gobierno de haber destrozado el mercado del alquiler. «Yo vengo diciendo aquí cuatro años lo mismo. Se van a cargar el mercado de alquiler y van a ser incapaces de reactivar la obra nueva». «Bueno, ya se han cargado el mercado del alquiler. Todo el mundo que entiende un poco del mercado sabe que la inmensa mayoría de los propietarios, el 90%, son propietarios pequeños y lo que buscan es seguridad jurídica. Esto es un inquilino que le pague y que cuide la vivienda. El Gobierno ha cogido esto y se lo ha cargado». Bernardos asegura que los nuevos decretos presentados, y que provocaron el cisma que ha derivado en el adelanto electoral del 29-N, solo han agravado aún más el problema. De momento, ya son más de 5.000 las viviendas que han sido retiradas del mercado del alquiler. «Si alguien es vulnerable, hasta 2025 había una ley que impedía desahuciar al vulnerable. Esto era una ley. Hay un problema porque esa persona no puede vivir en un coche o en la calle. Tiene que vivir en una vivienda. Pero cuento dónde está el problema. Habrán oído hablar a políticos de uno y otro signo que son muy partidarios de las viviendas de protección oficial y de las públicas. En España hay más de 27 millones de viviendas, pero solo 318.000 son públicas». Bernardos no solo quiso defender a los pequeños propietarios, sino también a los arrendatarios, señalando que el problema actual es el conflicto que el Gobierno ha querido generar enfrentando a los dos sectores. «El inquilino, con sus pocos recursos, quiere pagar». Sin embargo, denunció situaciones gravísimas que se están produciendo en algunos puntos de España en los que se han creado diferentes clases de ciudadanos, los que pagan y los que no: «Hay poblaciones como, por ejemplo, Hospitalet de Llobregat, con 250 viviendas públicas en alquiler donde solo 11 familias pagan». Y por último analizó cuál es el panorama que se va a poder ver a partir de ahora en el mercado tras la tramitación de las nuevas propuestas. «La reacción inmediata es sacar muchas viviendas del mercado. Y nos vamos a encontrar dos tipos de viviendas. Unas vacías y otras que se van a vender». Es decir, una reducción drástica del inmueble en alquiler, sobre todo a precio asequible. «Lo peor de todo es que si el propietario tiene que escoger entre alguien vulnerable y un hijo de buena familia avalado por los padres, va a coger al hijo de buena familia porque le da más seguridad. Y eso es injusto. Este Gobierno que dice que quiere proteger a los vulnerables miente. Quiere proteger al electorado de Sumar. La gente de buena familia que puede vivir en buenos sitios porque papá y mamá avalan».