
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU rechazó este viernes 30 de octubre una solicitud del Gobierno de Donald Trump para mantener suspendida una orden judicial relacionada con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de los venezolanos, una decisión que abre la posibilidad de restablecer las protecciones migratorias a partir del próximo 6 de noviembre.
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El fallo representa un avance para los beneficiarios que perdieron su estatus después de que la administración estadounidense revocara las protecciones otorgadas a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, el TPS todavía no ha sido restablecido, debido a que permanece vigente una suspensión dictada anteriormente por la Corte Suprema.
La decisión del tribunal de apelaciones significa que, si la máxima instancia judicial no interviene nuevamente antes del vencimiento de esa suspensión, los venezolanos afectados podrían recuperar su protección migratoria mientras continúa el litigio sobre la legalidad de las cancelaciones.
La organización National TPS Alliance, que participa en la demanda contra el Gobierno, celebró el pronunciamiento y explicó que la resolución permite avanzar hacia la recuperación del estatus de cientos de miles de venezolanos, aunque el resultado dependerá de los próximos acontecimientos judiciales.
El abogado de inmigración José Guerrero explicó a Telemundo que la controversia aún no cuenta con una resolución definitiva. Según indicó, los tribunales han concentrado sus decisiones recientes en determinar si debe mantenerse suspendida la orden de una corte de distrito que cuestionó las medidas adoptadas por la administración Trump.
“Ahora, si con esto el gobierno no apela o la Corte Suprema rechaza un pedido de emergencia del gobierno de mantener la pausa, entonces técnicamente se restablece el TPS”, señaló el especialista, al explicar las consecuencias que podría tener la decisión del Noveno Circuito.
No obstante, Guerrero advirtió que todavía existen interrogantes sobre la duración de las protecciones en caso de que vuelvan a entrar en vigor. “Porque por ley, si el Gobierno no anuncia 60 días antes una terminación, entonces se restablece automáticamente, pero no está claro si eso comenzó desde el 2 de octubre o desde el 6 de noviembre”, explicó.
La incertidumbre responde a las distintas fechas que han marcado el procedimiento judicial y administrativo. El Gobierno estadounidense mantiene su intención de cancelar el beneficio, mientras los demandantes sostienen que las decisiones que eliminaron las protecciones deben quedar sin efecto.
La resolución del Noveno Circuito también negó una solicitud adicional de la administración Trump para conseguir una suspensión administrativa de al menos 21 días. De esta manera, el tribunal rechazó las dos medidas que el Ejecutivo pretendía utilizar para impedir que la orden de primera instancia recuperara sus efectos.
El litigio se originó después de que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidiera anular una extensión previamente concedida al TPS de Venezuela y terminar una de sus designaciones. En septiembre de 2025, un tribunal federal de California determinó que esas actuaciones excedían las facultades legales de la funcionaria.
Posteriormente, la Corte Suprema permitió mantener temporalmente los efectos de la cancelación mientras avanzaban las apelaciones. El pasado 5 de octubre, el máximo tribunal anuló una decisión anterior del Noveno Circuito y devolvió el expediente para que fuera examinado nuevamente a la luz de otro precedente judicial, sin resolver definitivamente la legalidad de las medidas cuestionadas.
La nueva decisión deja pendiente el pronunciamiento de la Corte Suprema y la continuación del proceso de apelación. Por ello, Guerrero insistió en que los afectados no deben asumir que recuperaron automáticamente su situación migratoria. “No hay TPS todavía y hay que esperar al 6 de noviembre para ver si el Gobierno apela o tendremos que esperar la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para ver cómo se restablecería el TPS”, concluyó.