Aceptemos, no requerimos de una superespecialidad para intuir y saber de los problemas de ingobernabilidad y falta de gobernanza que padecemos. Precisamente, problemas que obligan a una transición pacífica y democrática, aspirada por las grandes mayorías, frente al reacomodo gatopardiano de la terca minoría continuista con casi treinta años consecutivos en el poder.
Ha surgido la ministerial idea y línea política de una presunta reforma de la ley de universidades que corrobora la justificada desconfianza generada: presunta, porque hay que hacerle el trabajo al ministerio de Educación Universitaria que no tiene proyecto alguno que proponer, y, en nombre de la participación protagónica o de lo que fuere, el aparato partidista que llaman constituyente universitaria exclusivamente se encargará de conseguir la fórmula química, alquímica u homeopática para intentar correr la arruga lo más que se pueda. Sin embargo, así ha sido siempre el estilo legislativo, el gobierno sacará de la vieja chistera el papel de trabajo de todas sus conveniencias y, prometiendo hacer lo que nunca ha hecho, jurará también resolver con el bullicio un problema ineludible, inmediato, real y de fondo que tiene: la transición con todas sus letras.
Nada tan significativo que la titular de la cartera ministerial sea, al mismo tiempo, parte de la consabida mesa de diálogo o negociación. Sin embargo, su prioridad es empujar lo más lejos que se pueda el inoportuno debate de una ley en lugar de enderezar el barco hacia la transición que es para el más rancio oficialismo secundaria y prescindible, faltando toda humildad para reconocer sus errores.
Los famosos tanques de pensamiento del oficialismo, cuales constituyentes universitaria, laboral o de lo que se les ocurra, constituyen un extraordinario recurso de propaganda así nunca hayan partido una idea aunque fuese mediamente novedosa. Resaltan dos experiencias que arrojaron importantes lecciones sobre la incapacidad, incluso, de gobernar: la Ley de Educación Superior de 2010 que, colosalmente cuestionada, aún entre los suyos, forzó a Hugo Chávez a sacarla de circulación, y la Constitución de 2017 o 2018 que nunca se hizo, pues el interés suficientemente demostrado era el de reforzar el madurato cuestionado masivamente en las calles..
De modo que, tratándose de democracia participativa y protagónica, si la idea es la de dar e intensificar el debate, es preferible que el ministerio propulse uno que hable de gobernabilidad y de gobernanza para ayudar a la transición que tarde o temprano llegará, o, por lo menos, al reacomodo que les urge. Y no es otro que la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto de 2027 que ha consignado el Ejecutivo Nacional en el – o su – parlamento un par de semanas atrás, en lo referente a la educación y, específicamente, educación superior. Huelga comentar que la costumbre, no otra que la de polemizar, se ha perdido justo en este siglo, cuando se muy antes supimos de las cifras presupuestarias planteadas, de los sectores interesados – aunque no los convocaran – en una materia tan crucial, de los propósitos explícitos e implícitos y, disculpen que lo expresemos, de la existencia de los propios integrantes de un parlamento plural capaces de suscitar el interés de la opinión pública respecto a los reales del Estado, al gasto público, a la calificación y verificación de ese gasto, etc.
Lo hemos referido en ocasiones anteriores, el foro parlamentario puede ayudar y ayuda a sincerar y actualizar un diagnóstico de todos y cada uno de los sectores involucrados, añadida la evaluación objetiva de las capacidades o discapacidades alcanzadas por el Estado. Los especialistas en la materia, los gremios, sindicatos, empresarios, ¡todos!, tienen algo que decir sobre un asunto que trasciende la mera coyuntura de nuestros tormentos.
En lugar de la minusculizada ley de universidad que la pretenden un asunto de urgencia, dos debates resultan impostergables para salir del círculo vicioso de la ingobernabilidad que se traga al gobierno y este desea que se trague al resto del país con él: la transición y la propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2027. Concretamente, ¿el estudiantado y el profesorado del aula superior en Venezuela pueden ser indiferente recreándose en lo insustancial, o se atreven a meterle el diente al gravísimo asunto que padecen junto a todo el país?