Estos días se ha publicado que el Gobierno pretende favorecer a los registradores con subidas de hasta el 400 % en el arancel. Es falso. No hay subida alguna: el precio que recoge el proyecto es el mismo que se viene cobrando desde que este servicio existe. Lo que está en juego no es un interés corporativo, sino la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. La nota simple ordinaria, la que cualquier persona solicita para saber quién es el titular de una vivienda y qué cargas pesan sobre ella, seguirá costando lo mismo: 3,01 euros, como establece el Real Decreto de 1989. La modificación arancelaria no se refiere a ella, sino al servicio de información registral continuada, orientado principalmente a la… Ver Más